En enero de 2012, el abogado del Estado Jaime Pérez Renovales se estrenaba como subsecretario del Ministerio de la Presidencia, dirigido por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Pérez Renovales ostentaba, además, la presidencia de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (BOE), uno de los mayores símbolos del poder gubernamental.
La trayectoria biográfica de este abogado del Estado refleja la imbricación entre las instituciones públicas y privadas, además de la naturaleza de cohesiva red social de una serie de cuerpos burocráticos altamente cualificados y conocedores del funcionamiento económico y jurídico del Estado, de la gran empresa y del resto de instituciones dotadas de capacidad de decisión e influencia. La ‘nobleza del Estado’, utilizando un término del sociólogo Pierre Bourdieu.
Un poder de red que puede verse desde una perspectiva ‘horizontal’, de vínculos entre iguales: Pérez Renovales forma parte de la promoción de abogados del Estado de 1996, conocida popularmente como ‘La Gloriosa’; la mayoría de sus miembros han ocupado posiciones decisivas en los distintos grupos de poder. De ‘La Gloriosa’ formaba parte también Iván Rosa, directivo de Telefónica y esposo de Soraya Sáenz de Santamaría –otra abogada del Estado perteneciente a una promoción dos años posterior.
A la vicepresidenta del gobierno (Sáenz de Santamaría), al subsecretario de Presidencia (Pérez Renovales) y al directivo de la mayor tecnológica de España (Rosa) se añadía Marta Silva de Lapuerta, graduada también en 1996 y nombrada en 2012 abogada general del Estado. Silva de Lapuerta es hija del fallecido ministro franquista de Obras Públicas Federico Silva y sobrina del extesorero –en A y en B– del Partido Popular, Álvaro Lapuerta. Como abogada general tuvo que inhibirse en aspectos que afectaban a su tío y, también, a los relacionados con el Real Madrid, club deportivo en cuya dirección había figurado, previa vinculación a la empresa concesionaria de autopistas Sacyr Vallehermoso, el mismo sector de la obra pública en el que tan prolífico fuera su progenitor tres décadas antes.
Para completar el cuadro de los gloriosos abogados del Estado –y de la nostalgia franquista–, también estaba presente Miguel Temboury Redondo, nieto del fundador del partido nazi ‘Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista’, JONS, subsecretario de Economía y ejecutivo de distintas empresas de juego y apuestas, bufetes jurídicos y empresas financieras. Leopoldo González-Echenique, alias ‘Polo’, sería efímero presidente de Radio Televisión Española; su esposa, Mónica López-Monís, perteneciente a la misma promoción de 1996, como todos los anteriores, ha preferido mantenerse en el ámbito privado, principalmente el financiero.
Esta red de abogados del Estado adquirió una enorme prominencia en el gobierno Rajoy de 2012-2015; la influencia de la vicepresidencia –‘vicetodo’, para algunos– se debía, entre otros factores, a su capacidad para colonizar vicariamente la mayoría de los centros de poder estatal. Los juristas combatían por conseguir la hegemonía gubernamental y política, y la judicialización de todo lo relativo a un conflicto como el catalán refleja que la ambición de la vicepresidencia dio buenos frutos. El relevo de Marta Silva de Lapuerta como abogada general del Estado se produciría con la entrada de Eugenio López, precisamente preparador de las oposiciones de abogada del Estado de Soraya Sáenz de Santamaría.
Jaime Pérez Renovales también nos es útil para analizar el poder reticular desde una perspectiva dual, según la cual las redes sociales vinculan a los parecidos y, al mismo tiempo, conectan óptimamente las distintas instituciones de las que estos proceden. Son las popularmente conocidas como ‘puertas giratorias’, desgraciadamente célebres por sí mismas y muchas menos veces por el gigantesco hotel cuya entrada custodian giro a giro.
Pérez Renovales, que había trabajado en los servicios jurídicos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ejerció, entre 2001 y 2003, como director de gabinete del vicepresidente económico Rodrigo Rato. En 2003 pasó a gestionar los servicios jurídicos del banco comandado por Ana Patricia Botín, Banesto; el tándem funcionó y Renovales terminó como secretario del consejo de Administración del Banco Santander, el primero de España y una auténtica aspiradora de sociedades financieras en dificultades objetivas o subjetivas. Después de servir en el gobierno de Rajoy y Sáenz de Santamaría regresó al Banco Santander, donde Ana Botín ejercía ya de presidenta.
Pero no todo acaba en los abogados del Estado precisamente: en sus años previos al gobierno Rajoy, Renovales coincidiría en el Grupo Santander con otro ubicuo alto funcionario: Carlos San Basilio Pardo, Técnico Comercial y Economista del Estado (Teco). San Basilio Pardo ocupó durante aquellos años el cargo de secretario general técnico de Comunicación del Santander y pasaría en 2012 al cargo de director general de Patrimonio del Estado, un ente que, en el pasado, había sido partícipe de la empresa Remolques Marítimos, presidida en 1986 por el economista y directivo financiero de su mismo nombre, Carlos San Basilio que, posteriormente sería nombrado presidente de la estatal Transmediterránea y fallecería en un trágico accidente de avión.
El cambio provocado por la moción de censura no sacó del gobierno a Carlos San Basilio. Nombrado por Luis de Guindos director general del Tesoro en 2016 –un área sumamente relevante en plena crisis de la Eurozona–, ascendería a secretario general del Tesoro y Financiación Internacional con la ministra de Economía Nadia Calviño, procedente de la Comisión Europa y también Teco. Calviño mostraría ser garante de la continuidad burocrática con esta decisión y con otras, como el reclutamiento como número dos del ministerio de Ana de la Cueva Fernández, sobrina del exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y también Teco, como su tío, como el exministro Pedro Solbes o como los antiguos titulares económicos Luis de Guindos o Román Escolano.
Altos funcionarios que conocen la fiscalidad, todos los códigos jurídicos y que, además, se encuentran en redes de alta cualificación, cohesión interna y conciencia de clase. Si a eso añadimos sus conexiones con el mundo empresarial y con instituciones que no pasan por control electoral, podemos deducir la existencia de una tecnoestructura con la que hay que contar para todo y que frecuentemente exhibe un sesgo sumamente conservador.
El reto del gobierno de coalición, aparte de soportar el boicoteo de los grupos de poder explícitamente hostiles, es el de entenderse con esta facción tecnocrática en el Estado. Una confederación de cuerpos que, como toda institución, pugna por consolidar sus recursos y posiciones, pero que, asimismo, alberga miembros que, en un periodo de crisis ideológica y de dogmas económicos fallidos, podría sentirse motivada a participar de esta prometedora aventura. Los mecánicos del Estado cuentan, y mucho.
Andrés Villena Oliver (@villenaoliver) es periodista, economista y doctor en Sociología. Ha publicado recientemente Las redes de poder en España. Élites e intereses contra la democracia (Roca Editorial).
Fotografía de Álvaro Minguito.