El gobierno de los muertos
La fiesta de la Hispanidad contiene ecos irremediablemente rancios. Su evocación va acompañada de aromas a exorcismo contra la decadencia. No en vano, aún cuando en su forma actual fue (re)instituida como festividad nacional por un gobierno de Felipe González –Ley 18/1987, de 7 de octubre–, es al patriarca conservador, Antonio Cánovas del Castillo a quien se debe la propuesta de celebrar el descubrimiento de América con tal rango desde 1892, durante la regencia de la tatarabuela del actual rey. En 1918, Alfonso XIII, a iniciativa de otro presidente del mismo partido, Antonio Maura, le añadió a la festividad el complemento “de la Raza”, pero serían dos figuras señeras del pensamiento reaccionario español quienes acuñarían la fórmula “Día de la Hispanidad”: el monárquico tradicionalista Ramiro de Maeztu y el cardenal trabucaire Isidro Gomá. Otro prelado, el primado de España que acabaría colisionando con la República, Pedro Segura, coronó en 1928, con la solícita aquiescencia real, a la Virgen de Guadalupe como patrona de la comunidad hispanoamericana.
La intrínseca relación entre monarquía, iglesia católica, conservadurismo y un cierto concepto de España es evidente. Hay un relato de la historia, cuasihegemónico desde el semifracaso de la revolución liberal en el siglo XIX, que pergeña la existencia de un indestructible hilo negro que parte de la monarquía militar visigoda convertida al cristianismo y recorre los siglos en rumbo de catolicidad y universalidad desbordantes, jalonando el itinerario con las gestas guerreras de los reinos medievales y alcanzando su cénit con la unificación dinástica bajo los Reyes Católicos, germen del imperio americano y cuna del europeo. Tal es el enunciado que defiende, en torno a la monarquía católica, el origen de “la nación más antigua de Europa”, cuyo sintagma arquitectónico emblemático cristaliza en el Escorial: monumentalidad impresionante, perdurabilidad granítica, majestuosidad austera y la planta en forma de parrilla de martirio como aviso para heterodoxos. Un paradigma de la genealogía nacional sobre el que las formulaciones del liberalismo –desde el espíritu de independencia de los numantinos, la defensa de fueros y libertades locales contra el centralismo real, los irmandiños, las Comunidades, las Germanías, las matxinadas, hasta la constitución de la Nación como sujeto de soberanía expresada en el texto constitucional de 1812– no pudieron prevalecer y al que ni siquiera lograron erosionar.
Quizás por todo esto la revelación en una fecha tan señalada del resultado de una encuesta realizada por un consorcio de medios de comunicación independientes con la pregunta que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), sostenido con fondos públicos, hace tiempo que no considera pertinente formular, cayó como una pedrada en un estanque. En caso de referéndum, un 40,9% de la población votaría por la república y un 34,9% a favor de la monarquía. La opción republicana gana en todas las cohortes de edad por debajo de 54 años y es mayoritaria –hasta con treinta puntos porcentuales de diferencia– entre los menores de 24. ¿Está en crisis la monarquía? ¿Es solo ella o su decadencia es la de todo un relato nacional? Y si fuera así, ¿hay una salida reformista?
La imparable erosión de un mito
Hasta 2011, la monarquía formaba parte esencial del imaginario de la transición. Legado de la dictadura como evidencia histórica de la incapacidad de la oposición antifranquista para imponer una ruptura, la corona se bautizó en las aguas del Jordán un 23 de febrero de 1981. Los tiempos, en el plano internacional, no estaban para coroneles y los precedentes familiares no eran propicios a quienes desde el trono habían contemporizado en algún momento con una junta militar. Haciendo de la necesidad virtud, la figura del rey se erigió en un referente nacido de la emergencia de dotar de un seguro de estabilidad a una sociedad ansiosa de superar el estado de sobresalto.
Como si hubiera recuperado el poder taumatúrgico de sus lejanos antepasados Capetos, Juan Carlos de Borbón fue sahumado por encima de todo límite prudente por casi dos generaciones de españoles. Con la sola imposición de sus manos, sanó a un cuerpo nacional secularmente escindido en dos mitades hostiles entre sí y restañó toda una historia de sañudos enfrentamientos fratricidas. Semejante nivel de idolatría no podía sino suscitar en el monarca una sensación de plenitud rayana en la de impunidad. La historia le justificaba: al fin y al cabo, los Borbones, una dinastía de fijos-discontinuos, habían sido sacados del trono tres veces y repuestos otras cuatro. Entre no poder vivir con ellos o sin ellos, los españoles habían sido compelidos siempre en última instancia y espadón mediante a aceptar la segunda opción. Ansiosos de preservar al hombre providencial, gobiernos, partidos y medios de comunicación permitieron y teorizaron el uso abusivo del principio de irresponsabilidad del rey en el ejercicio de su función. Lo que los constituyentes de Cádiz concibieron como una forma de aliviar al monarca de las consecuencias derivadas de los actos que refrendaba, cargándolos en el debe de sus ministros, se convirtió bajo el régimen del 78 en indulgencia plenaria para la venalidad real entre otras conductas reprochables, tanto públicas como privadas. En ese camino le acompañó la conga de una generación política hoy en rampa de salida, pero que aún conserva las facultades justas para hacer la genuflexión sin lesionarse.
Los hitos fundacionales de la era transicional, la consolidación de las libertades, la modernización social y económica y la definitiva inserción de España en el concierto internacional han experimentado una constante erosión desde el estallido de la Primera Gran Depresión del siglo XXI. Flota en el ambiente la sensación de que sobre las libertades existe una amenaza cierta de reversión y la Europa que aherrojó a Grecia, abandonó a su suerte a seres humanos en el Mediterráneo y los campos del Egeo y en la que campean los “frugales” calvinistas y el grupo de Visegrado, ya no tiene el atractivo de antaño. Los analistas demoscópicos hablan de una desafección de las nuevas cohortes demográficas hacia las instituciones emanadas de aquel ya remoto proceso histórico. Conviene recordar que, tomando como base las cifras de población por edad del INE a fecha 1 de enero de 2020, España cuenta con 47.431.256 habitantes, de los que el 42.008.058 son españoles de nacimiento. De ellos, el 53,8 % nació después de la promulgación de la Constitución de 1978 y el 82,1% de los actualmente mayores de edad ni tuvo ocasión de refrendarla ni ha sido llamado a avalar reforma alguna con su voto. A este paso, podría llegar a cumplirse aquella paradoja que Thomas Paine y los demócratas radicales denunciaron en el siglo XVIII como rasgo indeseable de los sistemas carentes de un sentido común basado en la razón: que esté encomendado a los muertos el gobierno de los vivos. En nuestro caso, esa frase hecha que es “la Constitución que nos hemos dado entre todos” puede acabar definiendo un fenómeno paranormal, antipolítico por su propia naturaleza.
Y cuando despertamos, la monarquía seguía allí
La crisis de la monarquía, con el deterioro de imagen ocasionado por la fuga del rey emérito y la consideración del titular como persona non grata en algunos de los territorios ha venido a impactar en el ojo de lo que ya era una tormenta casi perfecta: el sumatorio de crisis sanitaria, económica, social y territorial. De todas ellas, la de la forma de Estado es la más dificilmente resoluble. La pandemia remitirá, sin duda, gracias a los esfuerzos de la ciencia y sus efectos podrán paliarse con mayor inversión en los servicios públicos y, en particular, en la sanidad pública como sector estratégico –tan estratégico, incluso, como el militar, dado que se enfrenta, en expresión de Carlo M. Cipolla, a “un enemigo mortal e invisible”–. La crisis económica podrá ser atacada con políticas expansivas y programas de recuperación, como ya se hizo para la reconstrucción de una Europa devastada por la segunda guerra mundial. Los efectos sociales se corregirán en la medida en que esas políticas vayan surtiendo efecto y siempre que no se produzca a corto y medio plazo la llegada al poder de esa variante extrema de la sociopatía que es el libertarismo. Los conflictos territoriales son susceptibles de reconducción si hay voluntad de negociación para superarlos: de peores cosas ha salido en el pasado reciente la sociedad española. Y, sin embargo, cuando despertemos, la monarquía seguirá allí.
Porque para la monarquía no hay políticas activas, planes de recuperación o soluciones consensuadas. Cuando entra en crisis, la monarquía la transfiere inevitablemente al Estado. Las repúblicas están dotadas de válvulas de seguridad que impiden que la presión alcance el nivel de alarma, que van desde la convocatoria de elecciones presidenciales anticipadas a los procesos destituyentes instruidos por las cámaras en las que descansa la soberanía nacional. Las monarquías solo dejan dos salidas a sus titulares, ambas incluyendo desgarro: la abdicación o el derrocamiento. Las crisis a las que arrastran a sus pueblos son de tal entidad que llegan a motivar a gente tan poco dada al radicalismo como José Ortega y Gasset para escribir, en pleno vórtice degenerativo de la monarquía alfonsina, su famoso alegato remedando la sentencia de Catón el Viejo respecto a Cartago: “¡Españoles: vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo! ¡Delenda est monarchia! (¡Hay que destruir la monarquía!)”.
El vetusto diario monárquico de referencia –ese ABC del que Camilo José Cela decía maliciosamente que tenía el tamaño justo de las carpetas de “Asunto” para que los jefes de negociado de los ministerios franquistas pudieran leerlo haciendo como que trabajaban– tituló su editorial del 12 de octubre de 2020: “La única España posible”. En él exponía un catálogo explicativo de la funcionalidad de la monarquía para la preservación de la hegemonía conservadora. No se concibe el país de otra forma. El periódico de Serrano valoraba la estabilidad que proporciona la corona en comparación con la fatal experiencia efímera de las dos repúblicas. Nada decía, en cambio, del papel jugado por los monárquicos en la conspiración para acabar con ambas. Hubiera sido interesante que entrara en detalles de la conspiración urdida por los alfonsinos para allegar armas, pertrechos y aviones italianos de bombardeo y combate a los sublevados de julio de 1936 y en el papel jugado en la trama golpista por el diario de los Luca de Tena, pero aceptamos el principio de que nadie esta obligado a declarar en su contra.
Si analizamos las credenciales históricas de uno y otro régimen, la comparación es odiosa. La Primera República (1873) advino a consecuencia de la vacante en el trono por renuncia del rey constitucional, Amadeo I de Saboya, sucesor por breve tiempo de una Isabel II de Borbón cuyo régimen corrupto había sido derrocado por la Gloriosa Revolución de 1868. Las Cortes, reunidas en pleno, proclamaron la República el 11 de febrero de 1873 por una mayoría aplastante de 258 votos a favor y 32 en contra. El poeta Walt Whitman la saludó desde el otro lado del Atlántico: “Saliendo de la lóbrega sombra como de espesas nubes, de los naufragios del feudalismo y de los hacinados esqueletos de los reyes; saliendo de los viejos escombros europeos, de las aplastadas mascaradas, de las catedrales en ruinas, de los palacios deshechos y de las tumbas de los sacerdotes, he aquí que los rasgos frescos y relucientes de la libertad asoman”.
A pesar de los últimos empeños debeladores de esos gemelos univitelinos que comparten un solo cerebro y un mismo afán revisionista de la historia, el ABC y La Razón, la Segunda República (1931) llegó como resultado de la impugnación de un monarca que había enviado a sus soldados al matadero de Marruecos en defensa de sus intereses privados; que había amparado el golpe de estado del general Primo de Rivera para librarse de la exigencia parlamentaria de responsabilidades; y que, por ello, había aceptado la suspensión de la constitución de 1876, la propia base jurídica del régimen de la Restauración. En abril de 1931 no había régimen constitucional legítimo, sino una dictadura agrietada recubierta por la cáscara de una monarquía cómplice. De todas las formas posibles de derrocar a un régimen ilegítimo y de ejercer el derecho a la rebelión proclamado, no por los bolcheviques, sino por los principios de la Gloriosa Revolución inglesa de 1688, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos (1776) y la de Derechos del Hombre y el Ciudadano (1789), Alfonso XIII debería haber dado las gracias de que los españoles lo llevaran a la práctica por medio de unas modestas elecciones, formalmente municipales que, en la práctica y por ser las primeras desde el pronunciamiento de 1923, todo el mundo consideró un plebiscito.
Decisión de los representantes de la soberanía popular, en un caso; ejercicio del sufragio para expresar cívicamente el repudio, en el otro, las dos Repúblicas tuvieron en su origen un código genético inequívocamente democrático. No se puede decir otro tanto de la monarquía borbónica. Dejemos aparte, para no incurrir en el anacronismo, la forma en que llegó a España –una guerra civil, la de Sucesión (1701-1715), sustanciada con la abrogación por Felipe V de las libertades forales de parte de sus territorios–, siguiendo con la enajenación de la soberanía a beneficio de Napoleón por parte de Carlos IV y Fernando VII (1808), la supresión de las Cortes y de la Constitución de Cádiz por el rey felón (1814) y la apelación a un ejército extranjero para que le restituyese su poder absoluto (1823). En 1874, la restauración de Alfonso XII fue promovida por un pronunciamiento militar; su hijo permitió otro para tapar sus propias responsabilidades en los desastres de Marruecos (1923) y conspiró desde su exilio en la Italia de Mussolini para derribar al régimen republicano; Juan Carlos fue designado como su sucesor por el general Franco. Para ser la monarquía, según sus partidarios, el “plebiscito de los siglos”, deberían reconocer que el escrutinio no la deja en buen lugar.
La monarquía como trampa 22
En tiempos de tribulación, los defensores del estatu quo invitan a los críticos de la monarquía a actuar según las vías contempladas para su reforma por la propia constitución. Una proposición impecable hasta que, de una lectura detenida del artículo 168, se extrae fatalmente la conclusión de que la mecánica prescrita para cualquier cambio de calado del Título II, el que habla de la Corona, blinda a la institución frente a toda tentativa de reforma. Y, en la práctica, lo hace para siempre: sería necesaria la aprobación por mayoría de dos tercios tanto en el Congreso como en el Senado, seguida de la disolución inmediata de las Cortes, la ratificación –de nuevo por una mayoría de dos tercios– por parte de las cámaras electas y, por fin, la celebración de un referéndum.
En 1961, el novelista norteamericano Joseph Heller escribió “Trampa 22”, una novela antibelicista en la que se planteaban las situaciones a las que habían de enfrentarse tripulaciones de bombardeo sometidas a exigencias que acababan afectando a su salud mental. Para imponer sus criterios sin que pareciesen órdenes arbitrarias, el mando aplicaba la trampa 22: una situación problemática tenía una única solución que resultaba contener su propia negación en forma de regla, lo que obligaba a ajustarse a la orden original en cualquier circunstancia. La monarquía y su imposible supresión por vía de reforma constitucional es nuestra trampa 22. La posibilidad está contemplada, pero ninguna mayoría será nunca lo suficientemente amplia como para cumplir el quorum previsto, y si la tuviera, no la arriesgaría en un envite a la disolución anticipada y la convocatoria de nuevas elecciones: sería tanto como pensar que a alguien podría tocarle el gordo de la lotería dos veces consecutivas.
La monarquía está soldada de tal forma a la estructura de la constitución de 1978 que es imposible realizar una operación de cambio de modelo de Estado sin que crujan todas las vigas. Sería necesaria la apertura de otro proyecto constituyente para sustituirla. Eso, o percutir sobre la percepción de fragilidad que, en lo más hondo de su ser, siempre ha atenazado a la corona y a sus turiferarios. Muestra evidente del temor a cualquier expresión de la opinión popular que le afecte no es solo la renuencia del CIS a preguntar por su valoración, sino el proyecto siempre aplazado (“ahora no toca” suele ser la razón más citada) de celebrar una referéndum para reformar el artículo 57.1 que otorga primacía al varón sobre la hembra en la sucesión al trono. Una consulta sobre este asunto apelando al espíritu de los tiempos no requeriría de mayorías hipercualificadas y se convertiría, de facto, en un plebiscito. Porque cualquiera sería capaz de interpretar que un contundente resultado negativo no sería una apuesta por la ley sálica, sino una impugnación a la totalidad de la institución, en cuyas manos estaría optar por Cartagena –la retirada voluntaria al “no gozar del amor de mi pueblo”, como arguyó Alfonso XIII– o Cartago. Desde las sombras del Senado republicano, el fantasma de Catón el Viejo sonríe.
Fernando Hernández Sánchez (@FernandoHS61) es historiador, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y autor de Guerra o Revolución. El PCE en la Guerra Civil (2010), Los años de plomo. La reconstrucción del PCE bajo el primer franquismo (2014) y La Frontera salvaje. Un frente sombrío del combate contra Franco (2018). Es coautor junto con Ángel Viñas de El desplome de la República (2009).
Fotografía de Álvaro Minguito.