Un Frente Amplio para recuperar la iniciativa política, social y cultural

  1. EN TIEMPOS CONVULSOS DE CRISIS TODO ES POSIBLE

Desde hace años venimos advirtiendo que la vieja «normalidad» política a la que nuestro país estaba acostumbrado hasta hace una década no volverá. Y no volverá porque coincide una crisis general de los sistemas liberales-representativos y de la política tradicional con una crisis estatal que aporta particularidades «plurinacionales». En tan solo dos meses han ocurrido múltiples acontecimientos que de alguna forma son expresiones de las crisis de las que hablamos. Quizá las más significativas y al mismo tiempo las más alejadas entre sí sean la invasión rusa de Ucrania y la defenestración de Pablo Casado tras las elecciones en Castilla y León y su embate frustrado contra Isabel Díaz Ayuso.

La única manera de entender los acontecimientos políticos que tienen lugar a un ritmo frenético es insertándolos en un marco general de crisis y deslegitimación que se traduce, entre otras, en una crisis de intermediación que afecta a fuerzas políticas, instituciones o medios de comunicación. En este contexto de desconfianza pública avanzan manifestaciones de signo muy diverso –y no necesariamente interconectadas o con intereses en común–, como el populismo reaccionario y los grupúsculos conspiranoicos o la España Vaciada como antes lo hizo con más fuerza el independentismo. El sistema político español sigue en crisis porque el Estado es incapaz de asumir reformas democráticas de apertura e integración lo suficientemente profundas. De dicha incapacidad seguirán emergiendo expresiones diversas y complejas. Del trabajo de las izquierdas dependerá, en cierta medida, que estas sean dirigidas en una dirección democrática o, por el contrario, en una dirección reaccionaria. Esa es, desde hace unos años, la batalla de fondo en nuestro país: la dirección de Estado.

  1. OTRO MUNDO NO SOLO ES POSIBLE, SINO IMPRESCINDIBLE

A dos meses de la invasión rusa de Ucrania: consecuencias y movimientos

La invasión rusa de Ucrania iniciada el día 24 de febrero ha cambiado completamente el escenario geopolítico en Europa. Este conflicto que sigue desarrollándose es la constatación del fracaso de las políticas de confrontación entre la OTAN y Rusia, cuya principal consecuencia es el terrible dolor que hoy vive el pueblo ucraniano. Con más de cuatro millones de personas refugiadas, principalmente mujeres y niños y niñas, este conflicto ha generado el mayor movimiento forzoso de población en Europa desde la II Guerra Mundial, colocando también a la Unión Europea frente al espejo de su propio racismo al tratar de forma diferente a las personas refugiadas según su color de piel. El ataque ruso contra Ucrania es una violación flagrante del derecho internacional, pero solo podremos solucionar este conflicto mediante las vías diplomáticas y, en el medio plazo, con un nuevo marco de seguridad europeo que reconozca la interdependencia de nuestra estabilidad en el continente y apueste por la neutralidad y la desnuclearización de la región.

En este sentido, es lamentable el papel que ha desarrollado la Unión Europea y una mayoría de sus Estados que han priorizado el envío de armas –obviando los riesgos que va a implicar a medio y largo plazo, con una inexistente verificación de uso y destino de las mismas– y una política de sanciones masivas que afectan al pueblo trabajador ruso y que tienen un efecto rebote con graves consecuencias para las economías europeas, mientras quedan excluidos de las mismas los productos de lujo o los recursos ocultos en paraísos fiscales dependientes de la Unión Europea, que realmente afectan a la oligarquía corrupta que sustenta al Gobierno ruso. Frente a ello, la UE ha renunciado a la posibilidad de fomentar y acompañar las conversaciones de paz, un papel diplomático que están liderando otros países con intereses regionales, particularmente Turquía.

La invasión de Ucrania ha tenido el efecto de reforzar la posición de la OTAN, generando cotas de apoyo a la Alianza Atlántica sin precedentes en países neutrales como Finlandia, Suecia o Irlanda, además de un retroceso democrático en la propia Ucrania, que se ha traducido, por ejemplo, en la ilegalización de fuerzas políticas. En los países nórdicos se ha abierto un debate público que puede terminar con su adhesión al bloque, rompiendo uno de los principios que hasta ahora se consideraban centrales para la paz y la estabilidad en nuestro continente. El incremento del gasto en defensa hasta un 2% del PIB, objetivo que las instituciones de la OTAN llevaban mucho tiempo reclamando, parece que ahora se va a materializar en la mayor parte de países europeos, algo que no consiguieron años de amenazas por parte de las sucesivas administraciones estadounidenses. Alemania plantea incluso una modificación constitucional para garantizar este gasto, en lo que supone una ruptura de su tradición de políticas de defensa desde la II Guerra Mundial.

Por todo esto, podemos afirmar que la invasión de Ucrania ha dado fuerza a los sectores que planteaban un retorno a la política de dos bloques frente a la emergencia de un mundo multipolar. Un buen ejemplo de ello es la paralización del gasoducto Nord Stream 2, que se había convertido en un símbolo de la posibilidad de unas relaciones entre países europeos y Rusia basada en la cooperación y el beneficio mutuo frente a la confrontación. Este proyecto se abandona y a la vez se llega a un acuerdo para importar una mayor cantidad de gas natural desde los Estados Unidos, más caro y contaminante al transportarse desde una mayor distancia y proceder mayoritariamente del fracking, demostrando también que esta situación de guerra hace que retrocedamos en los ya insuficientes compromisos adquiridos en materia de lucha contra el colapso climático.

La situación en Ucrania también ha impulsado el proyecto de Brújula Estratégica, el nuevo marco de defensa de la Unión Europea. Lejos de promover un sistema verdaderamente autónomo, este proyecto enlaza perfectamente con el marco de la OTAN y promueve un estrechamiento de los lazos entre las dos estructuras. Con la creación, por primera vez en la historia, de una fuerza militar de obediencia propiamente europea se concreta la voluntad de transformar a la UE en un proyecto militar que pueda jugar un papel en la multiplicidad de conflictos que se suceden en su entorno más cercano. Un papel que dista de los verdaderos intereses de la mayoría de la ciudadanía europea y se alinea con la posición estadounidense en la región. En ese sentido, es imprescindible avanzar en una propuesta de seguridad colectiva europea y movilizarnos por la paz y por la ruptura de la lógica de bloques que nos aboca a una situación de conflictos permanentes en nuestro continente.

El mapa político europeo: la reacción se consolidan en Hungría y avanzan en Francia

El mapa político dentro de la Unión Europea se ve claramente afectado por el conflicto. La apuesta militar de la Unión Europea va acompañada de un intento de criminalización de las posiciones pacifistas y un señalamiento de las izquierdas que proponen las vías diplomáticas como solución al conflicto. Jean-Luc Mélenchon sacó un gran resultado en Francia, pero fue insuficiente para pasar a segunda vuelta. Este ascenso podría haber sido suficiente en un hipotético caso de unidad de las candidaturas de las izquierdas, pero ya nunca lo sabremos. No obstante, en junio se celebrarán las elecciones legislativas y supondrán otra oportunidad para mantener un espacio de izquierdas sólido y capaz de hacer frente tanto al neoliberalismo como a la extrema derecha. Mientras tanto, esperamos una derrota de Le Pen en segunda vuelta por el bien de la democracia y los derechos humanos.

La situación bélica también ha supuesto un refuerzo de los gobiernos más autoritarios de la Unión Europea, que aprovechan la situación de llegada de personas refugiadas para exigir que se elimine la posibilidad de excluirles de la recepción de fondos europeos por sus vulneraciones del Estado de derecho. Las elecciones en Hungría, en las que la extrema derecha de Fidesz se enfrentó a toda la oposición unida contra ella, refuerzan con su resultado el rol de la extrema derecha en diferentes gobiernos de la Unión Europea, tanto en solitario como en Hungría, Polonia o Eslovenia, como en coalición con la derecha tradicional como en Letonia o Eslovaquia. Cómo no, la revalidación de un nuevo gobierno de Viktor Orbán, con una subida de 4 puntos respecto a 2018, fue celebrada con entusiasmo por los dirigentes de Vox, sus homólogos ultras en nuestro país.

La esperanza en América Latina sigue abriéndose paso

Frente a esta situación en Europa, los cambios que se abren paso en América Latina señalan un marco esperanzador para la izquierda que merece toda nuestra atención. La investidura del presidente Gabriel Boric en Chile ha sido un paso fundamental en el proceso de transformación que vive el país y que empezó con un ciclo de movilización y protesta social, y que sigue avanzando con los trabajos que realiza la Convención Constitucional. El nombramiento de un gobierno plural en el que la izquierda radical sustenta la mayoría, pero en el que tienen cabida posturas del campo de la antigua Concertación, es un paso importante para la construcción de un bloque político progresista con voluntad de construir mayorías amplias y consolidarse en el gobierno. También reciente es la investidura de la presidenta Xiomara Castro en Honduras, primer gobierno progresista en el país tras el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009, que viene a acabar con las prácticas mafiosas y la venta de los recursos naturales del país de los gobiernos de la derecha golpista. En este contexto es interesante observar cómo el discurso de izquierdas en un país como Honduras ha sido capaz de integrar elementos relacionados con la crisis climática a través de la importancia de la soberanía energética.

El ciclo electoral en América Latina continúa con Colombia, donde el buen resultado del Pacto Histórico en las elecciones legislativas y particularmente en las distintas consultas de las coaliciones presidenciales, ha reforzado las posibilidades de Gustavo Petro de asumir la presidencia acompañado en la vicepresidencia por una mujer afro y activista en defensa de la tierra como Francia Márquez. Las irregularidades que hubo en el proceso de votación, con unos resultados que tuvieron que ser recurridos para que finalmente se recuperaran los 400.000 votos al Pacto Histórico que habían desaparecido del recuento inicial, así como los episodios de violencia de las últimas semanas, demuestran cómo los poderes oligárquicos tradicionales están dispuestos a recurrir a cualquier práctica para mantener el poder. Aún así, la posibilidad de una victoria en primera vuelta es factible, arrojando un cambio sin precedentes en un país central en América Latina que tendrá un efecto claro sobre la constitución de una nueva generación de gobiernos de izquierda en la región.

Brasil también ocupa un lugar destacado en la construcción del proyecto regional de izquierdas en América Latina, y ahí la aglutinación de fuerzas en torno a la figura de Lula está siendo capaz de ofrecer una alternativa al actual gobierno de extrema derecha con la que es importante que nuestra organización refuerce también sus vínculos. Esta lucha de la izquierda en América Latina se da eminentemente contra fuerzas reaccionarias y la creciente polarización en Europa nos obliga también a analizar estos procesos.

El vergonzante giro de Pedro Sánchez exige máxima solidaridad con el pueblo saharaui

La política exterior española más reciente ha venido marcada por la vergonzante carta de Pedro Sánchez al rey de Marruecos en la que legitima como opción más viable el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental dentro del Reino de Marruecos. De este modo, Sánchez y Albares han situado a nuestro país fuera del consenso internacional recogido en las resoluciones de Naciones Unidas que son inequívocas respecto al derecho a la libre determinación del pueblo saharaui. Esta decisión, tomada sin ningún tipo de debate democrático y comunicada desde la opacidad, no solo va en contra del sentir mayoritario de la población española desde una perspectiva de justicia y derechos del pueblo saharaui, sino que ya ha dañado gravemente nuestros intereses en el Magreb con la llamada a consultas del embajador argelino y el anuncio de la subida de los precios del gas que importamos de este país.

Esta decisión es una concesión al chantaje marroquí que parte de una visión atlantista de la región en la que Marruecos es el único actor relevante, pero España debería tener claro que, en esta zona, que es nuestro vecindario más cercano, hay otras variables muy importantes, particularmente las vinculadas a nuestra dependencia energética en un momento de crisis internacional como el que vivimos. La situación de guerra de baja intensidad que hay en el Sáhara Occidental se va a ver recrudecida, y ya se han producido varios ataques con drones marroquíes en los territorios liberados desde el anuncio. Marruecos seguirá exigiendo gestos a España que consoliden su brutal ocupación. El compromiso de la izquierda con la libertad del pueblo saharaui es un elemento incuestionable, y la capacidad de respuesta y movilización que ha tenido el movimiento de solidaridad tras la decisión demuestra que es una causa con mucha fuerza en nuestra sociedad. Este asunto seguirá de actualidad cuando se vayan desgranando las políticas de Argelia o se produzcan nuevos enfrentamientos en la guerra y ataques a los derechos del pueblo saharaui.

  1. EL ESCENARIO POLÍTICO ESPAÑOL: SITUACIÓN, CAMBIOS Y TAREAS

Y, tras la pandemia, una nueva crisis

La invasión rusa de Ucrania ha truncado el inicio de una incipiente recuperación económica tras la pandemia, pero es evidente que la guerra no ha hecho más que acelerar un problema que ya existía. El precio del gas natural que, dado el diseño del mercado eléctrico europeo determina en gran medida el precio de la electricidad, se ha multiplicado por cinco en un año y ha subido un 25% desde el inicio de la invasión. El petróleo casi ha doblado su precio durante el último año, subiendo un 20% desde finales de febrero de 2022, mientras el precio del trigo ha aumentado el 30% en el mismo periodo. Los costes de las materias primas y los bienes intermedios, añadido al que ya se venía produciendo como consecuencia de los cuellos de botella en las cadenas de producción –producidos por la recuperación económica tras la pandemia–, han producido un enorme aumento de la tasa de inflación y una ralentización del ritmo de crecimiento.

Aunque nuestro país está entre los Estados miembros de la Unión Europea menos expuestos a los efectos directos de la guerra de Ucrania, los indirectos nos golpean de una forma importante. Que se disparen los precios afecta de forma especial a las personas con rentas más bajas porque concentran alrededor del 13% de su gasto en alimentos y en torno al 20% en vivienda, gas, electricidad o calefacción, muy por encima del 10% y 5% respectivamente que dedican quienes tienen mayor poder adquisitivo. Y en el último año los componentes que engloban los bienes y servicios considerados de primera necesidad, como alimentos, electricidad y calefacción, pasaron de una inflación de un 0,5% en enero a casi un 7% en diciembre y al 9,2% si se incluye la gasolina. Por lo tanto, son las familias trabajadoras las más castigadas por el incremento de los precios y por eso se debe actuar de manera decidida.

Pero la inflación es un síntoma, no es el problema en sí mismo. Muestra que es imprescindible actuar sobre unos mercados manipulados para enriquecer a unos pocos, especialmente los de la energía. En definitiva, hay que actuar sobre los síntomas, es decir, sobre la inflación, y sobre las causas, la desigualdad, los obscenos beneficios de una minoría privilegiada.

Por eso no se puede aceptar la idea de un “reparto equitativo” de los costes de la crisis que no es ocasionada solo por la guerra, sin ir a solucionar la raíz de los problemas, algo que parece incompatible con el “pacto de rentas” que plantea el PSOE. Cuando ante la subida de precios la patronal se niega a un aumento salarial que se aproxime a la inflación real –que en febrero fue del 7,6% interanual–, lo que hace es defender un recorte de salarios que, de hecho, ya se está produciendo. Aceptar un recorte de facto sobre salarios que ya son escasos sería un golpe letal para millones de familias. Hemos de tener en cuenta que 8,5 millones de personas ya ganan 1.000 euros al mes o menos, y que si tenemos en cuenta quienes ganan entre los 12.000 y los 21.000 euros anuales, estamos hablando del 60% de todos los asalariados y asalariadas. El porcentaje de convenios que incluyen cláusulas de salvaguarda salarial para 2022 había subido en los dos primeros meses de este año, hasta alcanzar a casi el 30% de los trabajadores con convenio, después de haber descendido por debajo del 20% en los últimos años. Los convenios ya acordados para 2023 presentan un aumento adicional de la incidencia de las cláusulas de garantía salarial hasta casi el 50% de los trabajadores con convenio vigente para dicho año, pero antes de la crisis financiera de 2008 estaban en torno al 70%. Es imprescindible garantizar también a quienes no tienen la protección de convenios colectivos que la subida de precios no recaiga sobre la clase trabajadora y los sectores populares.

… y un nuevo escudo social para proteger a las familias trabajadoras

El Real Decreto aprobado el 29 de marzo es un importante paso adelante para abordar las consecuencias económicas de la guerra. El hecho mismo de su aprobación ya supone un avance claro porque la inacción y el retraso en las actuaciones produce incendios cada vez más difíciles de sofocar. Se han aprobado 6.000 millones de euros en ayudas directas y otros 10.000 millones de euros en créditos ICO para mitigar el impacto de los altos precios de la energía y su impacto inflacionario. En total, un paquete de ayudas de 16.000 millones de euros para apoyar a empresas y hogares y así amortiguar los efectos de la crisis.

En este sentido, la transición energética y el desarrollo y despliegue de las energías renovables es urgente, pero debe garantizarse que se hace de forma planificada, también para democratizar el derecho a la energía y minimizar los impactos sobre el territorio. Por eso, no compartimos la propuesta contenido en dicho Real Decreto referente a la flexibilización de la norma ambiental eliminando el requisito de evaluación del impacto ambiental para determinadas instalaciones.

Gracias al Gobierno de coalición y particularmente a la impronta de Unidas Podemos, la gestión de esta crisis está siendo radicalmente diferente a la gestión de la crisis de 2008 y a la que harían las derechas o el PSOE en solitario, pero no caben análisis autocomplacientes. Porque las actuaciones del nuevo escudo social no dejan de ser medidas paliativas y las soluciones pasan por actuar de manera firme para dominar unos mercados energéticos controlados por oligopolios que siguen obteniendo ingentes beneficios gracias a la inacción de un PSOE al que le siguen temblando las piernas a la hora de limitar sus beneficios. La mejor forma de parar en seco la inflación es intervenir para fijar precios máximos tanto al gas como a la electricidad y acabar con los enormes beneficios caídos del cielo y con la sobreretribución de la que se aprovechan las empresas.

La actual crisis debería ser una oportunidad para hacer pedagogía y poner las luces largas. Hay recursos suficientes para que todo el mundo, también en nuestro país, pueda vivir con dignidad. Lo que no es admisible es que una minoría se siga enriqueciendo a costa de la mayoría. Es posible vivir dignamente consumiendo solo entre el 10 y el 40% de la energía actual, pero eso es incompatible con la desigualdad social. Es decir, es incompatible con el capitalismo.

La ciudadanía pisa las calles nuevamente

A pesar de que todavía seguimos arrastrando –como es lógico– secuelas de la pandemia a la hora de relacionarnos colectivamente, la ciudadanía está recuperando su lugar en la calle y están teniendo lugar numerosas movilizaciones. En España nunca hubo un «momento frío» en términos políticos y sociales, ni siquiera en los momentos más duros de la pandemia en los que la extrema derecha vio una oportunidad para derribar al Gobierno de coalición. Recordemos, por ejemplo, las manifestaciones ilegales en algunos de los barrios más ricos de Madrid en pleno confinamiento. No hay tregua. No la habrá, y las izquierdas deben recuperar su lugar en la calle y en los conflictos.

Movilizaciones en defensa de la atención primaria

Durante los últimos meses han sido muchas las movilizaciones para defender la atención primaria en el conjunto del país, no solo donde gobierna el PP por sus recortes y privatizaciones, sino también donde gobierna el PSOE, ya que se está posicionando en contra de acometer los cambios estructurales que la crisis del coronavirus evidenció que necesita nuestro sistema de salud. El PP se sumó a los aplausos a los sanitarios y a las sanitarias, pero ahora echa a miles de trabajadores y trabajadoras del sector que supusieron un refuerzo imprescindible durante las fases más duras de la pandemia y ahora siguen siendo igual de «esenciales». Ahora, el PP los echa al mismo tiempo que se queja de que no hay sanitarios y sanitarias en nuestro país porque se han ido a trabajar fuera. Es el colmo de la desfachatez.

Sin embargo, las colas kilométricas en Comunidades como la madrileña para intentar adquirir test o las colas de espera para pedir cita en la atención primaria no se pueden ocultar ni maquillar con propaganda. La intención del PP es nítida: cargarse la sanidad pública para provocar un trasvase de quienes se lo puedan permitir hacia la privada. En un centro público nadie es más que nadie y eso genera una subjetividad propia en la que, por ejemplo, conceptos como el de comunidad adquieren más valor que en espacios atravesados por la lógica de la mercantilización donde una persona vale lo que tiene en la cuenta corriente.

El campo y el mundo rural se levantan

El campo y el mundo rural se están sumando a las movilizaciones porque tienen motivos. Cuando se habla del campo debemos tener en cuenta que nunca hablamos de un colectivo homogéneo, sino de un espacio de lucha en el que hay intereses enfrentados y, por tanto, reivindicaciones justas y proclamas injustas. En la multitudinaria manifestación del pasado 20 de marzo en Madrid había colectivos pidiendo subvenciones para la caza o la tauromaquia, pero también pequeños agricultores reclamando precios justos para los productos de la tierra.

El campo y el mundo rural son víctimas del neoliberalismo y, al mismo tiempo, de un desequilibrio territorial que en nuestro país no se puede entender sin el centralismo planificado de las derechas. Existen «condiciones objetivas» para dirigir las reivindicaciones de los sectores populares del mundo rural hacia posiciones democráticas y progresistas, como la necesidad de soberanía alimentaria basada en el impulso a la explotación agroganadera familiar, recuperando los espacios rurales tradicionales y reconociendo el aporte de preservación de la biodiversidad que realiza la agroganadería extensiva, por ejemplo.

Necesitamos escuchar y acompañar al mundo rural para evitar que la extrema derecha canalice su indignación culturalmente hacia posiciones tradicionalistas y socialmente hacia posiciones de competencia extrema entre los de abajo: contra los inmigrantes, contra quienes cobran el SMI, etc.

El paro patronal de transportistas

Una situación similar encontramos en el sector del transporte, cuyo paro patronal centró la atención mediática de todo el país durante una semana. Dicho paro fue dirigido por las asociaciones y las plataformas de los propietarios de los camiones, pero integró algunas propuestas transversales beneficiosas para el conjunto del sector, esto es, también para trabajadores y trabajadoras asalariadas, lo que hizo que una parte de ellas se sumara. En situaciones complejas de este tipo no basta con «destapar la verdad» desenmascarando los intereses reales de la patronal y de quienes dirigen las movilizaciones. Al mismo tiempo, las izquierdas deben escuchar a los trabajadores y a las trabajadoras asalariadas y autónomas y empatizar con su situación y sus demandas. El precio inasumible del combustible afecta al conjunto del sector, pero los conductores y las conductoras asalariadas son quienes sufren más vulneraciones de derechos, como por ejemplo la obligación –ilegal– de cargar y descargar los camiones en grandes superficies como Mercadona o Carrefour.

Igualmente, el sector de transportes es víctima del neoliberalismo y de la competencia desleal entre empresas que, para más inri, están aprovechando la crisis para reajustar sus beneficios. Hace falta un trabajo político y sindical de fuerte raigambre para que las reivindicaciones acaben dirigiéndose hacia posiciones populares como ocurrió con el sector del taxi, un sector a priori mayoritariamente conservador. De aquí en adelante viviremos escenarios similares en los que sectores históricamente poco movilizados se levantarán. El trabajo de las izquierdas en ellos debe pasar por ser empático y pedagógico para que sea realmente útil. De nada serviría explicarles que están engañados y que votan en contra de sus intereses objetivos o que están manejados por gente con unos intereses contrarios a los suyos, es decir, que «son tontos», pues la verdad objetiva es solo el punto de partida y no necesariamente se convierte en verdad efectiva, es decir en sus efectos e implicaciones concretas.

Un nuevo 8M demuestra la fuerza del feminismo

El pasado 8 de marzo el movimiento feminista volvió a llenar las calles exigiendo la necesidad de un cambio estructural del sistema y, como no podía ser de otra forma, el no a la guerra. En todo el mundo, el feminismo se conforma como un bloque frente a los discursos de la extrema derecha, invalidándolos y poniendo en el centro la vida y las condiciones materiales necesarias para llevarla a cabo de manera digna.

Hay que poner en valor el trabajo cotidiano y sostenido de las compañeras en el movimiento feminista, construyendo junto a otras, para avanzar en la unidad y extensión a toda la ciudadanía. A pesar de la ofensiva reaccionaria, el feminismo sigue siendo el movimiento social con más fuerza no solo en nuestro país, sino en el conjunto del planeta.

Las elecciones en Castilla y León y la defenestración de Pablo Casado: ¿hacia un reajuste estratégico en la derecha?

Si alguien hubiera advertido a comienzos de año que tan solo tres meses después el principal partido de la oposición habría defenestrado a su secretario general de manera fulminante habría sido acusado de temerario. Esto da buena prueba de la aceleración de los tiempos políticos propios de un momento de crisis en el que nada ni nadie está a salvo.

El PP pretendía convertir en un ‘vía crucis’ el camino del Gobierno hasta las siguientes elecciones generales. Con esta hoja de ruta, Fernández Mañueco convocó elecciones anticipadas en Castilla y León. Los objetivos eran claros: revalidar el gobierno autonómico, eliminar a Ciudadanos para que los votos del bloque de la derecha en las generales sean más productivos y endosar otra derrota, después de Madrid y antes de Andalucía, al Gobierno de coalición.

Aunque sobre el papel era una hoja de ruta racional y plausible, pronto comprobamos que los adelantos electorales inauguran un margen de alta imprevisibilidad. La ciudadanía castellanoleonesa no compartió las razones del oportunista adelanto y penalizó una campaña de Mañueco que muy pronto vio esfumarse los pronósticos de los analistas que incluso llegaron a vaticinar una mayoría absoluta del PP o el regreso definitivo del bipartidismo. Nada de esto ocurrió, de hecho el bipartidismo sacó en Castilla y León el peor resultado de su historia. Sí irrumpió la España Vaciada, cuyos resultados fueron desiguales en las provincias en las que se presentó y Vox subió 12 puntos hasta convertirse en el socio ineludible que se ha hecho con la Vicepresidencia, la Mesa de las Cortes y otras tres consejerías: la de Agricultura y Ganadería, la de Cultura y la de Fomento y Empleo. Mañueco quería desprenderse de Ciudadanos para gobernar haciendo y deshaciendo a su antojo y ha quedado totalmente maniatado a las exigencias de la extrema derecha, conformando el primer gobierno autonómico ultra en nuestro país.

Sin embargo, el principal derrotado de las elecciones en Castilla y León no fue Mañueco, sino Pablo Casado. Fue este quien pretendió «nacionalizar» la campaña con el objetivo anteriormente descrito y con otro interno: demostrarle a su partido que el éxito de Isabel Díaz Ayuso era el resultado de una ola general de apoyo a las siglas y no tanto de la figura de la madrileña. No lo consiguió y a continuación salió a la luz un posible caso de espionaje dirigido desde Génova a propósito de los negocios que el hermano de Ayuso se endosó durante los momentos más duros de la pandemia en un claro caso de nepotismo. A pesar de que Casado contaba con la dirección y el aparato del partido, sufrió una derrota humillante que primero se saldó con la dimisión de García Egea y ha culminado con la dimisión y la retirada de la política del propio Casado. Retomando la reflexión inicial de la introducción, no podemos entender esta derrota de Casado y las condiciones en las que se ha producido sin atender a la crisis de intermediación que sufren las fuerzas políticas y la crisis de autoridad en términos clásicos de jerarquía que en este caso sufrió el ya exdirigente político.

Alberto Núñez Feijóo fue la salida natural de la guerra librada entre Casado y Ayuso. El proyecto del gallego todavía está por confirmar, pero no distará mucho del de Casado. De momento podemos apreciar una firme alianza con la dirección en Andalucía y al menos un pacto de no agresión con la dirección madrileña. De su perfil se dice que es moderado y que se parece más a Mariano Rajoy que a Aznar o al propio Casado. Evidentemente su tono es menos beligerante, pero ¿significa esto que vaya a realizar un giro estratégico? Desde hace años sabemos que la opción preferida por el bloque de poder pasaría por el aislamiento del espacio de Unidas Podemos y la reconstrucción de un espacio «centrista» que le permitiera al PSOE llegar a acuerdos de Estado con la derecha. Una vez desaparecido Ciudadanos como actor determinante solo quedaría la posibilidad de acuerdos entre el PSOE y el PP. Sin embargo, en la izquierda resiste –no sin dificultades– Unidas Podemos y en la derecha Vox está demostrando una importante capacidad de empuje.

¿Es posible en este escenario la reconstrucción de dicho espacio «centrista»? Vayamos a los hechos: al menos a corto y a medio plazo el destino de Feijóo seguirá institucionalmente atado –como lo estaba el de Casado– a una posible alianza con Vox. En Andalucía, como en Castilla y León y en el conjunto del país, el PP solo conseguirá gobernar si suma mayoría absoluta con la extrema derecha. Esta decidió entrar en los gobiernos autonómicos en un momento de ofensiva para allanar un posible Gobierno de coalición ultra en el Estado. Castilla y León marca el camino. Ahora bien, no podemos descartar ninguna posibilidad a largo plazo entre otros motivos porque las bases del Gobierno de coalición son débiles a nivel político, institucional, social y cultural. Su caída abriría dos posibilidades definitivas: un gobierno de la derecha con la extrema derecha o una suerte de concertación nacional entre el PSOE y la derecha.

En Castilla y León, el espacio de Unidas Podemos sufrió un duro revés al perder un procurador y el 2,2% de la suma que obtuvieron Izquierda Unida y Podemos por separado en 2019. Tras la pandemia, el espacio ha sufrido un retroceso importante en Euskadi (-6,81%) y un profundo revés en Galicia (-15,13%). En Cataluña, por el contrario, logró resistir (-0,5%). Más adelante, en Madrid, creció 1,6 puntos respecto a 2019, pero muy lejos (a 9,7 puntos) de la candidatura «territorializada» de Más Madrid.

Más allá de las infinitas casuísticas regionales y de problemáticas concretas relacionadas, por ejemplo, con los liderazgos concretos o con los planteamientos de cada campaña, podemos afirmar que la marca Unidas Podemos ya no es capaz de recoger las particularidades de los territorios para transformarlas en un proyecto electoral atractivo, como sí lo fue Podemos en 2015 y, ya en menor medida, Unidas Podemos en 2016. Hoy, Unidas Podemos saca exclusivamente en cada territorio el porcentaje que es capaz de retener de su proyección estatal.

Unidas Podemos se mantiene relativamente estable a nivel estatal gracias al plus que supone la referencia de Yolanda Díaz, pero con dificultades estructurales para extrapolar esa estructura de apoyo general a los territorios. El proceso de «territorialización» que catalizó la pandemia es fundamental porque agrava esta limitación transversal a varios niveles, empezando por el arraigo territorial. En un momento de repliegue territorial no basta con una marca cuya única referencia es estatal y carece de raíces lo suficientemente profundas en los territorios como para «autonomizarse» y recoger así las especificidades de cada uno de ellos. Esta debilidad estructural se vio con en Castilla y León, pero se puede superar en Andalucía, una región con un ecosistema político, cultural y mediático propio.

Siguiente estación: Andalucía

A pesar de las dificultades estructurales señaladas, los compañeros y las compañeras de Andalucía están construyendo las bases para un posible Frente Amplio que consiga disputar el gobierno a las derechas. Esa posibilidad es real gracias a un primer llamamiento a la unidad realizado desde Unidas Podemos el 4 de diciembre del pasado año y al particular empeño de IULV-CA, una fuerza que lleva en su ADN la construcción de espacios amplios y unitarios desde el nacimiento de Convocatoria por Andalucía. A partir de ahí, se unificaron sinergias que se tradujeron en la petición cada vez más numerosa y constante de un Frente Amplio para Andalucía; peticiones que se vienen lanzando no solo desde las organizaciones más comprometidas con la propuesta, sino desde espacios y personalidades independientes. El Frente Amplio en Andalucía será exitoso en tanto en cuanto sea capaz de sumar los esfuerzos y recursos de las fuerzas políticas de la izquierda transformadora, pero también las energías de la ciudadanía independiente que está sufriendo las consecuencias de un gobierno que solo gobierna para una minoría y que vive de la publicidad institucional.

Moreno Bonilla sigue barajando dos posibilidades en un ejercicio inédito de cinismo y banalización de la política: en junio o después de verano. Desaprovechó la que probablemente habría sido su única coartada legítima para un adelanto, esto es, el rechazo parlamentario a sus Presupuestos, y el resultado de la campaña de Mañueco en Castilla y León lo alejó de cualquier tentativa de convocatoria inmediata. Ahora deberá elegir pensando en la posible onda expansiva de la acción legislativa de Vox en el espejo castellanoleonés. En cualquier caso, hay partido en Andalucía y el juego de trilero electoral de Moreno Bonilla así lo evidencia. A diferencia de en otros momentos de esta legislatura, el PP no lo tiene claro. El deterioro de la atención primaria y múltiples luchas sectoriales pueden movilizar a unas izquierdas que necesitan un nuevo impulso moral.

Desde un espacio modesto como el que representa este Consejo de redacción, entendemos que el actual momento político exige máxima responsabilidad al conjunto de las organizaciones de la izquierda transformadora, porque solo mediante la responsabilidad dicho espacio político estar a la altura de la demanda de la ciudadanía progresista que está reclamando una candidatura de unidad. No hay margen para posiciones corporativas ni para ejercicios propios de la «pequeña política» de ningún tipo: responsabilidad y altura de miras.

La situación de la izquierda transformadora en nuestro país y sus retos

La situación de la izquierda transformadora es compleja a todos los niveles: social, cultural, organizativo, institucional y electoral. Las dificultades en el ámbito electoral analizadas anteriormente son la expresión en última instancia más explícita de las dificultades en los anteriores, de mayor calado. Las perspectivas inéditas de transformación que se crearon en el anterior ciclo de ofensiva popular y democrática pronto se vieron mermadas por varios motivos, entre ellos la fortaleza del bloque de poder, la respuesta virulenta de los propios aparatos del Estado, la emergencia de la reacción organizada y, qué duda cabe, los errores del propio espacio de la izquierda transformadora. El Gobierno de coalición es probablemente una de las conquistas más valiosas del pasado ciclo que a día de hoy sigue impidiendo un cierre definitivo de la crisis por arriba. El espacio de Unidas Podemos pretendió ser la expresión institucional y electoral de un bloque político y social amplio que aspiraba a convertirse en bloque histórico. Sin embargo, a día de hoy es una coalición electoral con mecanismos de participación, bases sociales e instituciones demasiado débiles como para afirmar que acometió su tarea histórica o que está en condiciones de hacerlo.

En este contexto, se habla del Frente Amplio como una posibilidad de superar el espacio de Unidas Podemos, ampliando sus bases sociales y sus alianzas institucionales. Desde nuestro punto de vista, es imprescindible reunificar las alianzas que se rompieron durante los últimos años, pero insuficiente. No se trata de intentar recuperar el imaginario de 2014-2016, pues eso generaría una disonancia histórica, ya que estamos en una fase distinta. De lo que se trata es de recoger lo mejor del pasado ciclo –y del propio imaginario– para construir un nuevo espacio adaptado a las necesidades y los retos del momento político actual, con particularidades propias bien definidas. Esto significa que todas las fuerzas políticas que conformaron el espacio del cambio en un sentido amplio son imprescindibles, pero el Frente Amplio tiene que ser un espacio superador de la mera suma de todas ellas.

Fortaleza organizativa y apertura social no son cualidades incompatibles. Al contrario, los cierres internos en clave de aparato solo expresan debilidad y miedo respecto a las fortalezas propias. Por eso, es imprescindible que las fuerzas políticas del espacio de la izquierda transformadora contribuyan al ensanchamiento del espacio mediante la puesta en marcha de mecanismos de participación ciudadana que permitan crear nuevas sinergias con la sociedad civil y el activismo. Para ello, es imprescindible la creación de espacios amplios de encuentro y racionalización colectiva que no estén dominados por las lógicas de partido, inherentemente estrechas por naturaleza. La única manera de superar las limitaciones lógicas del formato de coalición electoral es fomentar la participación de la ciudadanía y construir raíces sociales desde abajo. Si la clase trabajadora cada vez es más diversa, no es posible que el espacio de la izquierda transformadora cada vez lo sea menos. El Frente Amplio será exitoso en tanto en cuanto sea capaz de revertir esa tendencia a todos los niveles: social, cultural, organizativo, institucional y, en última instancia, electoral.

De manera coherente, entendemos que no basta con una coalición electoral. El Frente Amplio debe ser una rearticulación de alianzas sociales que se dotan de una cultura propia que se concreta en un proyecto de país republicano y de unas herramientas organizativas e institucionales para desplegar dicho proyecto de país en el conjunto de la sociedad civil –en sentido amplio, esto es, gramsciano–. Algunos de estos conceptos pueden sonar excesivamente rimbombantes, pero lo cierto es que se pueden traducir ya, en lo concreto, en repartos conjuntos de propaganda calle por calle, en marchas puerta a puerta en los barrios humildes para recoger propuestas de los vecinos y las vecinas, en visitas a centros de trabajo y a sectores en lucha, en espacios de reflexión compartidos para preparar las siguientes elecciones municipales, por poner tan solo algunos ejemplos.

La situación de la izquierda transformadora es compleja, pero todavía sigue existiendo una mayoría en nuestro país que reclama cambios transformadores y no se integrará en procesos de cambio dirigidos desde arriba, sean estos en clave «gatopardiana» (de cambio sin cambio) o reaccionaria. La oportunidad sigue en la gente y las izquierdas, esto es, sus fuerzas políticas, los sindicatos de clase, los movimientos sociales, la sociedad civil, la ciudadanía sin ninguna adscripción pero con aspiraciones transformadoras, debemos actuar con responsabilidad histórica. Estar a la altura, ese es el reto principal.

Artículo escrito por el Consejo de redacción de la revista laU (@revista_laU).

Fotografía de Álvaro Minguito