Es fundamental la puesta en marcha de medidas estratégicas que aborden la cuestión climática como un asunto de justicia social de primer orden. Los tímidos pasos dados por la Unión Europea son claramente insuficientes, y necesitamos apostar por un verdadero cambio de paradigma en la dirección que apunta el proyecto constitucional chileno.
El texto busca superar la actual constitución, redactada en plena dictadura de Pinochet, que, entre otras cosas, blinda el carácter privado del agua y consolida un modelo económico depredador, promoviendo un modelo que replantea los parámetros de producción y consumo de nuestras sociedades. Pese a la férrea oposición de la derecha chilena y sus socios en todo el mundo, alineados con el negacionismo climático, este domingo Chile estará dando un nuevo paso que debe de servirnos de ejemplo ante la creciente crisis ecosocial.
El incremento sin precedentes de las temperaturas (en Chile el promedio de temperatura de 2020 fue 0,84 grados superior al promedio del periodo 1961-1990) ha llevado a que actualmente el 76% del suelo chileno se encuentre afectado por la desertificación y sequía, y a que haya 184 municipios bajo decreto de escasez hídrica. La gestión de los acuíferos es una cuestión clave en el único país del mundo donde la constitución garantiza la propiedad privada de las aguas. Este modelo privado ya ha venido produciendo la marginación de comunidades enteras, pero en un contexto de reducción de los recursos esta realidad se agudiza y afecta cada vez a más gente. Lo que la nueva constitución pone sobre la mesa es que en Chile los ricos ya no podrán seguir utilizando un recurso escaso y fundamental para la vida como forma de hacer negocio, sino que es necesario decidir colectivamente sobre la gestión y el uso de este bien. Frente al modelo privatizado de la Constitución de 1980, el nuevo proyecto define en su artículo 57 el agua como un derecho humano que el Estado tiene el deber de garantizar.
Además, 76 de los 388 artículos del proyecto constitucional están relacionados con el medioambiente, reconociendo plenamente nuestra dependencia de la naturaleza. Así, la ecología se incorpora de forma transversal en todo el texto, desde la promoción del respeto a la naturaleza como principio rector de las relaciones internacionales (artículo 14) hasta la garantía de la función ecológica de la propiedad (artículo 52), todo este articulado muestra un cambio de paradigma en el modelo de desarrollo hegemónico y supone una alternativa esperanzadora y valiente. El proyecto constitucional establece, también, medidas concretas para el desarrollo efectivo de estos derechos y garantías como la participación popular en todas las materias ambientales (artículo 154) y la creación de la figura de la Defensoría de la Naturaleza, un órgano autónomo encargado de la promoción y protección de los derechos de la naturaleza y los derechos ambientales (artículo 148). Así, se asegura una verdadera rendición de cuentas no solo por parte del Estado, sino también de cualquier entidad o empresa privada, en relación a la vulneración de los derechos de la naturaleza, que pasa a convertirse en titular de ellos (artículo 18), o de los derechos de las personas relacionados con el medio ambiente. Añadir aspectos relacionados con la toma de decisiones democráticas en materia ambiental y el despliegue de mecanismos para una defensa efectiva de los derechos relacionados con ella se contrapone frontalmente con la visión de país donde una minoría de élites económicas y grupos de presión marca las reglas del juego.
En Chile la mayor parte de los recursos hídricos pertenecen hoy a grandes empresas, muchas de ellas europeas como Endesa. Mientras, el 47% de la población rural no tiene acceso a agua potable. Por ello, la batalla de este domingo nos enfrenta a una dicotomía que va a extenderse por todo el planeta en los próximos años, y por ello es importante que desde Europa extraigamos lecciones de ello. La extrema derecha lo sabe, prueba de ello son las reuniones de Vox con los convencionales de la derecha chilena que hoy promueven el rechazo. Es imprescindible que desde la izquierda europea reforcemos los intercambios y proyectos compartidos con las fuerzas progresistas del sur para dar respuesta de forma conjunta y coordinada. El debate global de fondo es entre los dos modelos contrapuestos en el apruebo y el rechazo, y es si garantizamos los derechos de todas las personas en un entorno habitable a través de un uso democrático de los recursos, o mantenemos un modelo depredador para que los más ricos puedan seguir enriqueciéndose y consumiendo sin límites. Apruebo no es solo la esperanza de un nuevo Chile para el pueblo chileno, es un faro de alternativas imprescindible también en Europa.
Jon Rodríguez Forrest (@JonSForrest) es responsable de relaciones internacionales de IU y coordinador de su delegación en el Parlamento Europeo.
Fotografía del Ministerio de Medio Ambiente de Chile.