El 11 de septiembre de 1973 un sangriento golpe de estado puso fin al proyecto político y a la vida de Salvador Allende. Desde aquel momento Chile cambiaría para siempre, y las dos décadas siguientes sería gobernado por una dictadura que, además de perseguir y asesinar a sus adversarios políticos, impuso un modelo económico y social que ha perdurado hasta nuestros días. El medio que permitió a los que derrocaron a Allende dejar una huella tan profunda en la sociedad chilena fue un texto de poco más de 100 artículos conocido como la Constitución de 1980. Una carta magna criticada por numerosas voces, que se ha visto en la cuerda floja en varias ocasiones, pero que ha demostrado una resistencia poco frecuente en el continente latinoamericano.
Hoy, 50 años después del golpe perpetrado contra el gobierno de la Unidad Popular, además de rendir homenaje a la figura de Salvador Allende, conviene analizar el estado actual de ese texto que hace unos años parecía sentenciado a muerte pero que aun sigue rigiendo las vidas de los chilenos. Y este análisis implica examinar el estado de un proceso constituyente que entre 2019 y 2021 logró aglutinar una amplia mayoría social en favor de superar la constitución actual, pero que en los últimos dos años ha perdido esta hegemonía.
La Constitución de la discordia
La constitución de 1980 es un texto de un carácter marcadamente neoliberal que en sus orígenes contenía fuertes tintes autoritarios. Establecía un estado subsidiario, que solo interviene allí donde no llega lo privado, y que contaba con un rol secundario en materias como la salud, la educación o la política económica. Además, sus arquitectos se cuidaron bien de blindar su contenido de futuras reformas y establecieron una serie de “cerrojos constitucionales” que dificultaban cualquier cambio. Las elevadas mayorías requeridas para reformar la constitución, las leyes orgánicas constitucionales que exigían mayorías más amplias para reformar temas como la educación, las concesiones mineras o las Fuerzas Armadas, y un sistema electoral (binominal) que sobrerrepresentaba sistemáticamente a la derecha, impidieron que el núcleo fundamental del texto fuera modificado a lo largo de los años.
Estos cerrojos constitucionales impidieron reformas de calado desde la vuelta de la democracia, y aunque entre 1989 y 2005 se eliminaron algunos de los aspectos más antidemocráticos del texto, el núcleo neoliberal permaneció inalterado. Durante este proceso de reformas se suprimieron los senadores vitalicios o algunos de los privilegios más sangrantes del ejército, que contaba con un senador no electo democráticamente por cada rama de las Fuerzas Armadas. Finalmente en 2005 la constitución dejó de llevar la firma del dictador Pinochet para llevar la del presidente Ricardo Lagos, pero ni los quórums de reforma, ni el rol subsidiario del Estado sufrieron el más mínimo cambio.
Esta imposibilidad de reformar el texto es una de las causas que ha generado tanta frustración política en Chile durante las últimas décadas. La constitución impedía abordar en profundidad algunos de los temas que más afectaban a los chilenos como la sanidad, la educación o la propiedad del agua. Derechos fundamentales que no eran salvaguardados y que llevan décadas siendo explotados por agentes privados.
Estas frustraciones, sumadas a unas enormes desigualdades sociales y económicas, canalizaron en una revuelta popular que puso el país patas arriba en octubre de 2019. Desde el primer momento, el proceso constituyente fue una de las grandes demandas de los manifestantes, y durante varios años pareció que el empuje popular acabaría con la constitución de 1980. Pero las cosas no serían tan fáciles.
El impulso y el frenazo constituyente
Desde el año 2019 hasta hoy el proceso constituyente chileno –aun en curso– ha pasado por dos fases. Una primera fase en la que se consiguió articular una amplia mayoría social dispuesta a superar el texto de 1980. Este periodo abarca desde el comienzo del estallido social hasta el año 2021, cuando los resultados en la elección de la Convención Constitucional y la victoria de Boric en las presidenciales plasmaron ese anhelo de cambio. Antes se había dado una elección igual de importante, el plebiscito de apertura de octubre de 2020, donde un abrumador 80% apoyó aprobar una nueva constitución.
El problema es que por distintos motivos esa amplia mayoría social se fue desgajando poco a poco hasta quedar sepultada por los resultados del plebiscito de salida de septiembre de 2022, donde la propuesta constitucional fue rechazada por más de un 60%. Esta segunda fase, que abarca los dos últimos años, se caracterizó por la desconexión de la ciudadanía con el proceso constituyente. Los comportamientos vergonzosos de algunos constituyentes y la falta de dirección política de la mayoría progresista que había en la Convención fueron generando un rechazo hacia el nuevo texto y sus redactores que terminó en un sonoro rechazo y un triunfo del ala más dura de la derecha en la nueva elección constituyente en mayo de 2023.
Sin duda los medios de comunicación y otros actores ayudaron a incrementar este rechazo, pero el error fundamental fue el de una Convención que creyó el partido ganado antes de jugarlo y que no estuvo a la altura de la misión histórica que tenía entre manos.
¿Qué ocurrirá con la nueva constitución?
A 50 años del golpe que depuso a Allende, nos encontramos con que el legado pinochetista, que parecía casi enterrado hace dos años, ha experimentado un resurgimiento de sus cenizas. Con una nueva etapa del proceso en la que el órgano constituyente está dominado por la derecha y la ultraderecha, podría darse la paradoja de que si el texto es excesivamente conservador y continuista la izquierda saliera a rechazar en el plebiscito de salida, lo que de facto implicaría mantener la constitución de 1980.
Ante esta tesitura la izquierda chilena debe rearmarse y mantener una mirada larga que le permita superar el texto pinochetista. Para ello será necesario volver a tejer una amplia mayoría social en favor de una nueva constitución para tratar de recuperar un escenario lo más parecido posible al de octubre de 2020. Ello implicará hacer concesiones y tal vez no ser tan ambicioso en algunos aspectos, pero si supone terminar con los aspectos más lesivos del texto, como el Estado subsidiario o los cerrojos constitucionales, será un gran triunfo que abrirá una nueva etapa en Chile.
Estas alianzas también serán claves para sacar adelante una agenda legislativa que de momento se le está atragantando al gobierno de Boric. Sin una serie de reformas en temas clave el gobierno encabezado por el joven dirigente del Frente Amplio seguramente quede en una decepción histórica condenando a años de ostracismo a la izquierda de la Concertación.
Si algo debe de enseñar este proceso es que si algunos sectores del centroizquierda y los sectores liberales de la derecha se movilizan masivamente con la derecha más dura, tienen muchas posibilidades de alcanzar la victoria. Una reflexión que ya tuvo en su momento Joan Garcés, estrecho colaborador de Allende y autor de algunas de las obras más importantes sobre el presidente. Según Garcés uno de los tres grandes errores tácticos de la Unidad Popular fue no conseguir evitar que en la Democracia Cristiana (DC) se terminara imponiendo la facción más conservadora y anti-izquierdista. Con una DC alineada con el Partido Nacional y los sectores más reaccionarios del Estado, la oposición social a Allende creció rápidamente facilitando la articulación del golpe de estado. Casi 50 años más tarde, la incapacidad de la izquierda de mantener a su lado a estos sectores moderados hizo que se alinearan con los defensores de la Constitución de Pinochet en el referéndum de septiembre de 2022, propiciando una abrumadora victoria del rechazo. Volver a atraer a estos sectores hacia posiciones de cambio que impliquen superar el texto de 1980 y avanzar hacia un estado social y democrático de derecho es una de las grandes tareas de la izquierda en los próximos años.
En la actual coyuntura política, con un congreso sin mayorías y un órgano constituyente dominado por la derecha, si la izquierda quiere salir viva de este ciclo político y enterrar el legado de Pinochet deberá adoptar alianzas estratégicas con otras fuerzas que le permitan sacar adelante una agenda constituyente y legislativa. Estas alianzas ya fueron clave en la victoria en segunda vuelta de Gabriel Boric, que logró articular una mayoría histórica opuesta al involucionismo que implicaba una presidencia de Kast. Reeditar estos acuerdos y conformar un bloque histórico comprometido a borrar el pinochetismo del mapa político-legislativo de Chile será fundamental, ya que, aunque no se alcancen todos los objetivos, se habrá conseguido sembrar un legado del que posteriormente se puedan recoger mayores frutos.
Todo esto será posible si finalmente no se termina aprobando la constitución que ahora mismo redacta una cámara donde la ultraderecha es la primera fuerza. Quizás sea demasiado tarde, pero en el caso de que no lo sea y la izquierda tenga una oportunidad más, sus objetivos deben estar claros.
Jaime Bordel (@jaimebgl) es politólogo y jurista por la Universidad Carlos III y colaborador de medios como El Salto, CTXT y Agenda Pública.