Agosto de 1974. Tras La Revolución de los Claveles protagonizada por jóvenes oficiales portugueses nos encontramos con unos valientes oficiales pertenecientes a los tres ejércitos españoles que, cansados de la tiranía que se vivía en nuestro país sumido ya en la cuarta década de una cruel dictadura, y temerosos por una posible lucha de sables entre generales por la sucesión para la prolongación del régimen imposibilitando una transición hacia formas de gobierno como en otros países del entorno, deciden tomar cartas en el asunto.
Hablamos de la Unión Militar Democrática, en adelante UMD, una pequeña aldea gala enfrentada a su particular Imperio Romano. ¿Su poción mágica? La democracia.
Nuestros Asterix y Obelix fueron los Comandantes Luis Otero y Julio Busquets, quienes, poniendo en juego sus vidas pudiendo ser acusados de traición, se reunieron con el Movimiento de las Fuerzas Armadas portugués en una zona fronteriza de Galicia con Portugal a instruirse con los victoriosos lusos.
Fidel Gómez Rosa, Suboficial Mayor del Ejército del Aire, doctor en Ciencias Políticas, licenciado en Derecho y en Historia, miembro de la Asociación Española de Historia Militar, y un auténtico cinturón negro en esta materia, me contaba que hubo varias líneas de contactos con Galicia y también con Madrid. El primer contacto fue en los primeros días de agosto de 1974 cuando Otero y Busquets viajaron a Lisboa. Se presentaron directamente en el Palacio presidencial. La reunión fundacional tuvo lugar en Barcelona los días 31 de agosto y 1 de septiembre.
No hace falta imaginar que la vereda a seguir por la UMD no sería muy cómoda, cuando su portavoz, el Capitán José Ignacio Domínguez, tenía que dar una rueda de prensa desde París. La clandestinidad por aquella época estaba a la orden del día si no querías terminar engrilletado o en una cuneta. Hasta tal punto llegaba el ordeno y mando que una simple comparecencia de un militar en una Universidad ya estaba mal vista en el ámbito castrense.
No tardaron mucho en saltar las alarmas de los militares afines al régimen, pues en el verano del 75 fueron detenidos los principales líderes de la organización y juzgados en el acuartelamiento de Hoyo de Manzanares en marzo de 1976. Este pequeño atisbo de solución a más de 40 años de cruel dictadura se saldó con nueve militares detenidos, expulsados del ejercito y condenados a 43 años de cárcel.
El objetivo no era un levantamiento como en Portugal, pues en España no se daban las condiciones, pero sí mojar la pólvora desde dentro. Por eso se autodisolvieron cuando creyeron, viendo el desarrollo de los acontecimientos, que su existencia y esos objetivos ya no tenían sentido, me anota Fidel al revisar el primer borrador de mis líneas. Nada como contar con auténticos expertos para poder ofrecer una opinión lo más veraz posible dentro de mis limitaciones.
Llegado el momento del fin de la dictadura, y no precisamente por la irrupción de la democracia, sino por la muerte del cruel dictador, llegó la llamada Transición, que bien pudo llamarse transacción visto lo visto, pues se produjo el relevo bajo orden del sanguinario genocida a un nuevo Jefe del Estado sin opción alguna a réplica. Transición que, a mi juicio, no tendría que haber sido pactada de ningún modo, ya que bajo esa fórmula se llega a la conclusión de que todas las partes tenían que llegar a acuerdos, validando privilegios a algunos partidarios del régimen como los juristas castrenses.
Políticos como Manuel Fraga, ministro de Franco y posteriormente fundador de Alianza Popular, partido que más tarde se convertiría en el actual Partido Popular, 10 de los 16 miembros del Tribunal del Orden franquista, continuaron su andadura en democracia formando parte del Tribunal Supremo o del Congreso. Todavía se respira ese olor a naftalina por las instituciones, precio que al final terminamos pagando quienes de algún modo no nos conformamos con el escaparate institucional que se nos presenta a la sociedad y buscamos una democracia plena en este islote anclado al 36 en la mente de muchos.
Dejando atrás un poco la historia, sin intención alguna de hacerlo para olvidarla como se pretendiera con el Pacto del Olvido enmarcado en la Ley de Amnistía de 1977, volvamos a nuestro tiempo actual. Hoy 6 de diciembre es especialmente necesario tras conocer que generales retirados de renombre y rango hablan de fusilar a 26 millones de españoles.
No es la primera vez que escribo acerca de la Justicia Militar[1], con la diferencia de que ahora solo pueden juzgarme los lectores, mientras que hace unos meses era juzgado sin juicio por los de los condecorados pectorales, y subrayo sin juicio porque parece que algunos todavía gozan de una autoridad magnánima como en la época en la que, por ejemplo, mi bisabuelo, sin juicio algo, tuvo que escuchar cada mañana durante cinco años la lista de personas que iban a fusilar en las que no sabía si estaría incluido o no.
La tutela judicial efectiva es un derecho no solo reconocido por la Constitución Española, sino enmarcado dentro de los Derechos Fundamentales de nuestro ordenamiento. Concretamente, se refiere al derecho de toda persona a invocar la actividad de los órganos judiciales en defensa de sus intereses legítimos. Este derech, no existe dentro del régimen de las Fuerzas Armadas, de ahí que cuando fue solicitado en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas por una Asociación Militar Profesional –45 Sin Despidos– la respuesta del Consejo que no estaba previsto el cambio de legislación. Por otra parte, una Asociación Militar Profesional de Oficiales –Aprofas– llegaba incluso a pedir la sanción de quien solicitaba, por el mero hecho de hacerlo, la petición de una tutela judicial efectiva. Como ven, poco puede cambiar en una institución cuando la mentalidad de los dorados galones sigue siendo la misma que en pasadas épocas tan alejadas de la democracia. Además de la aberración emitida por los oficiales hay que sumar el silencio de los distintos representantes de las demás Asociaciones Militares Profesionales. El miedo impera, por lo que es muy difícil que avance la democratización de las Fuerzas Armadas, algo que tampoco extraña demasiado teniendo en cuentas que algunos de sus integrantes parecen estar únicamente preocupados por sus ingresos económicos, olvidando los derechos laborales, de ahí que incluso lleguen a mostrar apoyo a partidos políticos que abiertamente presumen de votar en contra de una Proposición de Ley democrática presentada hace escasos meses referente a la Justicia Militar.
Fue Esquerra Republicana, a través del diputado Nuet, la propulsora de la mencionada Proposición de Ley para erradicar la Justicia Militar en territorio nacional en tiempo de paz. Nos llevamos la sorpresa de que el Partido Socialista votó en contra, a diferencia del bloque progresista, dando así continuidad a un régimen eliminado hace ya décadas en todos nuestros países vecinos, de donde podemos extraer que de progresista el PSOE tiene más bien poco, y que de Jueza por la Democracia la máxima responsable de Defensa del actual Gobierno tiene menos, sumándole a esto que en su despacho ella misma llegó a reconocerme personalmente que la justicia militar no había sido eliminada con anterioridad porque no reunían los suficientes apoyos en el gobierno, algo que se ha demostrado falso, como lo de los contratos de siete años para la Tropa y Marinería que anunció la diputada Zaida Cantera a bombo y platillo hace algo más de dos años en una concentración de militares frente al Ministerio de Defensa, y que ni están ni se les espera.
¿Ha cambiado algo en estos cuarenta años? Podríamos decir que no. Mientras militares en activo y reserva firman manifiestos alabando la figura del genocida tan solo son sancionados, militares demócratas como el cabo Santos[2], firmante del manifiesto antifranquista, es expulsado de las Fuerzas Armadas.
Mientras la artillera y firmante del manifiesto antifranquista C.V.A[3] es expulsada de las Fuerzas Armadas por expedientes psicofísicos muy alejados de la verdadera razón de su baja inicial, sus acosadores gozan impunemente de los privilegios de su uniforme aun habiéndose demostrado en infinidad de ocasiones que han mentido en sus declaraciones y que han estado y están acosando continuamente a su subordinada. La Ministra Margarita Robles se ha negado a atender a la artillera con el pretexto de que su caso está judicializado, curioso cuanto menos, cuando sí ha atendido a militares estando sus expedientes también en curso.
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, Grupo de Trabajo para la elaboración de un Código Ético para la Carrera Judicial, Texto final acordado en la sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2016, PRINCIPIOS DE ÉTICA JUDICIAL
CAPÍTULO II, Imparcialidad
12. El juez y la jueza no pueden mantener vinculación alguna con las partes ni mostrar favoritismo o trato preferencial que ponga en cuestión su objetividad ni al dirigir el proceso ni en la toma de decisión.
CAPÍTULO III, Integridad
22. La integridad exige que el juez y la jueza observen una conducta que reafirme la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia no solo en el ejercicio de la jurisdicción, sino en todas aquellas facetas en las que sea reconocible como juez o jueza o invoque su condición de tal.
23. El juez y la jueza evitarán que tanto el ejercicio de actividades profesionales ajenas a su función como la participación voluntaria en planes de refuerzo o sustitución perjudiquen el mejor desempeño jurisdiccional.
Mientras la Ministra de Defensa Margarita Robles no duda un segundo en pedir que se respete la presunción de inocencia del anterior primer Soldado de España, siendo presuntamente propietario de cuentas en paraísos fiscales, la Justicia Militar sanciona primero al débil, vulnerando su presunción de inocencia, y lo “fusila” más tarde dándole igual tener razón o no, ya que solo importa el galón que portes, la ideología que promulgues o si detrás de tu nombre viene una serie de apellidos largos y compuestos.
Solo han cambiado las prácticas utilizadas, el fin sigue siendo el mismo: acabar con quien planta cara para poder continuar con sus tropelías, acosos, abusos, malversaciones y demás corruptelas, amparadas siempre por esa Justicia Militar que el Partido Socialista Obrero Español, junto con el bloque de la derecha y la ultraderecha, ha decidido dar continuidad.
Jenner López (@jennermostoles) es excabo del Ejército de tierra, expulsado por denunciar injusticas dentro del ejército, firmante del Manifiesto antifranquista, miembro de la Asociación por la memoria militar democrática y del colectivo Veteranos por la paz y articulista en Público.
[1] López, Jenner. (21 de marzo de 2019). ¿Existe realmente Justicia en la Justicia militar?. Público. Recuperado de: https://blogs.publico.es/dominiopublico/28265/existe-realmente-justicia-en-la-justicia-militar/
[2] López, Jenner. (1 de enero de 2019). Somos el cabo Santos. Público. Recuperado de: https://blogs.publico.es/otrasmiradas/27324/somos-el-cabo-santos/
[3] Bayona, Eduardo. (6 de agosto de 2020). La justicia militar retoma el caso de los falsos vídeos porno atribuidos a una soldado e imputa a un general. Público. Recuperado de: https://www.publico.es/sociedad/justicia-militar-retoma-caso-falsos-videos-porno-atribuidos-soldado-e-imputa-general.html
Fotografía de archivo de varios miembros de la UMD.