Fue por los años 90 cuando el politólogo Francis Fukuyama acuñó aquello de que nos encontrábamos ante el final de la historia. Mucho se ha citado a este ideólogo durante estos días al hablar sobre el final del neoliberalismo. Está claro que los recientes anuncios sobre política económica parecen apuntar a que las clásicas recetas neoliberales se han metido en un cajón, pero ¿de verdad estamos ante el final del neoliberalismo? Intentaré apuntar algunas ideas sobre este debate.
La crisis económica de 2008 fue una crisis endógena, tuvo un origen sistémico provocado por los propios excesos del sistema financiero. Tras el fracaso de las políticas económicas keynesianas en la crisis del petróleo de los años 70 y la estanflación que produjo, las políticas de rentas promovidas por el neoliberalismo consiguieron retomar el crecimiento. Estas políticas neoliberales se caracterizaban por pasar del énfasis macroeconómico dominante hasta el momento al énfasis microeconómico. La estanflación consistía en un estancamiento económico acompañado de inflación. Algo que el keynesianismo no había podido prever. Se trataba de una inflación de costes, y como los costes se producen en las empresas era ahí, en la empresa, en el ámbito microeconómico donde se tenía que actuar. Se realizaron políticas orientadas a reducir los salarios y a la disminución de la cobertura del estado del bienestar para reducir los costes empresariales y así poder aumentar las tasas de ganancia y la inversión. Estas políticas reactivaron el crecimiento económico y contuvieron la inflación. Además, se modificó la distribución de la renta nacional aumentando el excedente bruto de explotación (los beneficios empresariales) a costa de reducir la masa salarial. Para compensar la caída de la masa salarial (que es la partida que más contribuye al consumo) se produjeron dos hechos clave que han tenido consecuencias hasta nuestros días: la entrada de la mujer en el mercado laboral y la facilidad del crédito a las familias, ambas medidas encaminadas a compensar la caída de los ingresos.
Ese endeudamiento de las familias se unió al de los Estados y a un enorme endeudamiento de las empresas y sociedades financieras como consecuencia de las altas tasas de rentabilidad que ofrecía la economía financiera. Y fruto de esa hipertrofia de las finanzas tuvimos la crisis de 2008 que todos sufrimos y recordamos. Esta crisis en Europa evidenció la incapacidad de la Unión Europea y de los Estados miembro para hacerle frente. La pertenencia al Euro había implicado la cesión de la soberanía monetaria al Banco Central Europeo (BCE), algo que se había entendido bien por las principales fuerzas políticas del bipartidismo, aunque ello también implicaba ceder la soberanía fiscal y, esto último, ya no se había entendido tan bien como lo anterior. La pertenencia a la UE implicaba libertad de circulación de capitales, lo que hacía que estos se localizasen allí donde los impuestos fueran más bajos. Esto provocó que las subidas de impuestos no fueran efectivas más que para gravar a las capas medias de la población. Luego si el gobierno necesitaba ingresar debía recurrir a los mercados financieros, con los riesgos que ello implicaba. Esto era debido a que el BCE no puede financiar directamente a los Estados, en todo caso puede (bajo determinadas circunstancias) adquirir deuda pública a través de los mercados secundarios.
Como la Zona Euro no era una zona monetaria óptima se produjeron shocks asimétricos, esto es, que los distintos países miembro necesitaban implementar políticas económicas diferentes y no compatibles. Los intereses de los países en la comunidad no eran los mismos: mientras que los periféricos necesitaban financiar altos déficits fiscales, Alemania y otros países centrales lo que necesitaban era controlar la inflación. Como todas la herramientas de política económica se habían cedido de forma explícita (política monetaria) o implícita (política fiscal) a las autoridades europeas, una sola institución, el BCE, que está diseñado a imagen y semejanza del Bundesbank, era el que iba a tomar la decisión. Y como era de esperar, la voluntad de Alemania se impuso. El BCE no protegió a los Estados periféricos ante los mercados financieros. Las primas de riesgo se dispararon. Lo que abocó a España a tener que pagar elevados intereses y a tener una deuda y un déficit público insostenible. Finalmente, a España y al resto de países periféricos no les quedó otra que usar más neoliberalismo para salir de la crisis del neoliberalismo. El Gobierno del PSOE tuvo que realizar políticas de recortes del gasto público y una reforma laboral para alinear nuestra estrategia económica con la alemana. Una vez nuestra estrategia económica iba en línea con la alemana, el BCE inició la compra de nuestra deuda en los mercados secundarios reduciendo nuestra prima de riesgo. Posteriormente se convocaron unas elecciones que ganaría el PP para continuar con las políticas de recortes y con una nueva reforma laboral. El neoliberalismo se había impuesto.
Como consecuencia de aquellas políticas se consiguió retomar el crecimiento económico y se disminuyó el desempleo, pero a costa de un proceso de empobrecimiento generalizado de la población. El gasto sanitario como % del PIB se redujo (con las desgraciadas consecuencias que estamos observando estos días), asimismo también se redujo el gasto educativo, se prolongó la edad de jubilación, se promovió la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones y se facilitó y abarató el despido, entre otras dolorosas medidas. Consecuencia de estas políticas y según el Banco de España a través de su Encuesta Financiera de las Familias, el 75% de las familias con menos patrimonio han perdido patrimonio medio y mediano desde 2011 hasta 2017, mientras que en ese mismo período, el 10% de las familias más ricas lo han ido ganando de forma sistemática. Si bien es cierto que entre el 25% de las familias más pobres del país parece haberse producido una mejora desde 2014, esta es tan limitada que es una grosería referirse a ella como mejora. No llegan a aproximarse a los valores de patrimonio de 2011 y, además, su patrimonio medio sigue siendo negativo. La desigualdad en la renta apenas ha sufrido variaciones desde 2011. El 25% de las familias que menos ingresan sigue teniendo una renta mediana 10 veces inferior al 10% de las familias que más ingresan. Pero donde la desigualdad se hace tan evidente como alarmante es en los valores de patrimonio. El patrimonio mediano de las familias más ricas es 1.386 veces mayor que el patrimonio mediano del 25% de familias más pobres (en 2011 era 125 veces mayor). Este es el resultado de las políticas neoliberales, la desigualdad.
El neoliberalismo cogió una crisis endógena, provocada por su propia dinámica, la convirtió en una oportunidad y ganó. Pero, a diferencia de la crisis de 2008, la actual es exógena, viene provocada por un agente externo al propio sistema.
Si la actual crisis sanitaria dura unas pocas semanas nos encontraremos ante una crisis en V donde la producción se recuperará en muy corto plazo, pero si esta se prolonga varios meses es posible que se produzca una fuerte caída de la demanda y la producción que no se va a recuperar fácilmente. Esto es debido a que las economías no se reactivan apretando un botón (a no ser que seas China), su mecanismo de arranque se parece más a un mecanismo de polea, como el de una motosierra, en el que cada tirón representa una inyección de millones de euros a la economía real. La economía acabará arrancando antes o después, pero tienes que ser capaz de poder realizar todos los tirones que esta necesite.
Para que las economías periféricas de Europa puedan relanzar sus economías cuando pase la pandemia van a necesitar incurrir en importantes déficits públicos. Estos déficits vendrán inducidos por el brutal incremento del gasto público que va a suponer subsidiar a medio país (debido a la generalización de los ERTE), a que el sector público va a tener que suplir al sector privado y a la reducción de ingresos públicos producidos por la caída de la producción. Cabe recordar que las principales figuras impositivas del país están directamente relacionadas con la producción. Si la gente no trabaja no hay ingresos a computar en su IRPF, si las empresas no producen no hay beneficios a computar en la base imponible del impuesto de sociedades y si el consumo se reduce por tener a todo el país recluido en sus casas no se devengan cuotas del impuesto sobre el valor añadido.
Para hacer frente a una papeleta de tal magnitud, el Gobierno de España anunció unas medidas que en principio sonaban muy espectaculares, pero que luego, al cocer, menguaron un poco. Anunciar una movilización de 200.000 millones de euros no es lo mismo que anunciar un gasto de 200.000 millones euros. Matiz de enorme importancia. Si además entendemos que la mayor parte de esa movilización de recursos son avales, nos quedamos con que el gasto real es de 17.000 millones de euros. Cantidad inabordable para la mayoría de nosotros pero muy limitada para lo que va a necesitar la economía española. Esta cantidad irá casi en su totalidad a sufragar las prestaciones sociales derivadas de los ERTE que se están solicitando estos días. La razón de que se movilicen recursos en lugar de directamente gastar es la que vengo indicando desde el principio, la disciplina fiscal impuesta desde Europa. Esta movilización de recursos va a originar lo que se conoce como deuda contingente. Esta deuda será suscrita por entidades privadas que, al ir avalada por el Estado tendrá un coste reducido, pero por contra, en caso de que se produzca un impago, esta deuda privada pasaría a ser un pasivo público. Según las normas internacionales de contabilidad, estos pasivos contingentes no se contabilizan como deuda por lo que no computan para los límites de deuda y déficit. Esta ayuda va orientada a que las empresas que tengan que refinanciar su deuda puedan hacerlo sin que los mercados financieros les suban el coste de esta hasta límites que les comprometan la solvencia. Al contrario de lo que se viene escuchando en algunos medios, estos avales no van a facilitar la financiación para realizar nuevas inversiones por parte de las empresas, porque ninguna empresa en su sano juicio (a no ser que se trata de la industria sanitaria por esta especial coyuntura) realizará inversiones sobre su capacidad productiva cuando los consumidores están encerrados en casa o en paro.
Y cuando todo parecía indicar que las autoridades europeas iban a seguir exigiendo la férrea disciplina fiscal que nos habían marcado en la anterior crisis llegó la sorpresa. Estos días hemos conocido, con limitada satisfacción, que las políticas monetarias y fiscales que se van a implementar son diametralmente diferentes a las que nos exigieron en la anterior crisis. La Comisión Europea ha suspendido, de forma temporal, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) de la UE. Ha tenido que venir una pandemia para que entren en razón y se eliminen los acientíficos límites a la deuda y el déficit.
Existen dos principales causas que explican que en la anterior crisis no se suspendiera el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Una es que el desempleo y la precariedad no afectan a los ricos, el Covid-19 sí. La otra es Alemania. El país germano va a tener que incurrir en elevados déficits fiscales para mantener a flote su economía. Hasta ahora no los ha necesitado porque su balanza comercial siempre ha sido positiva, lo que implica obtención de financiación del resto del mundo, pero esto se le acaba, ya que al cerrarse el comercio mundial se queda sin su tan apreciado superávit comercial. Podemos observar cómo, al igual que en la anterior crisis, Alemania vuelve a imponer sus intereses en la Eurozona. La novedad es que en esta ocasión a nosotros también nos convienen estas medidas, aunque sean temporales.
Los principales anuncios de estos días son la inyección de 750.000 millones de euros del BCE a los mercados secundarios para adquirir deuda pública y privada con la intención de contener las primas de riesgo y el anuncio de suspender el PEC. Estas dos decisiones conjuntas suponen en la práctica como si cada Estado dispusiese de su propia moneda, seguiremos usando euros pero vamos a poder emitir deuda y financiar nuestras economías aunque sea de forma temporal. Aun así, todavía no se ha conseguido que el BCE financie directamente a los Estados, por lo que la banca privada seguirá teniendo el privilegio de aplicar el margen de intermediación bancario sobre las colocaciones de deuda pública de los Estados. Lo que en la situación de recesión actual implica un nuevo y vergonzoso rescate a la banca.
En el aire aparecen otras medidas, como la renta básica de emergencia o la mutualización de la deuda (los llamados coronabonos), que señalaba recientemente Luis de Guindos, vicepresidente del BCE. La renta básica de emergencia parece bastante probable que se implemente para suplir la caída del consumo que se producirá por el desempleo que se espera. La OCDE espera una caída de la producción en Europa del 22%, lo que producirá sin duda un vertiginoso crecimiento del desempleo. Lo que ya parece algo más difícil es la mutualización de la deuda europea. Esta mutualización implicaría la creación de una especie de Tesoro europeo que emitiría deuda respaldada por todos los países miembros. Esto permitiría abaratar el coste de la deuda de países como España o Italia pero encarecería la deuda de países como Alemania. De ahí las constantes negativas de Angela Merkel ante estos instrumentos financieros. Esta batalla, al igual que otras tantas, todavía está por librarse.
Aunque hay algunos compañeros que estos días están dando por muerto al neoliberalismo, creo que este anuncio es algo prematuro, todavía quedan batallas por darse. En cuanto Alemania vuelva a poner en marcha su capacidad productiva y las clases dominantes europeas, ese 10% de familias con los patrimonios más altos, vuelvan a obtener rentabilidades positivas, intentarán de nuevo imponernos sus políticas de austeridad. En varios foros y editoriales ya se está escuchando a los gurús del neoliberalismo avisar de que las medidas económicas anunciadas por las autoridades europeas son excepcionales y temporales, por lo que alguna vez tendremos que volver a disciplina fiscal de la ortodoxia económica. Y, para entonces, nos encontraremos con que no cumplimos los límites de deuda y déficit fijados en el PEC, lo que en consecuencia provocará que el BCE deje de proteger nuestra prima de riesgo de los especuladores, terminando en lo que ya todas sabemos, nuevos y dolorosos recortes en nuestro ya maltrecho estado del bienestar.
El neoliberalismo, por desgracia, está acostumbrado a ganar. Como los niños pijos, mimados y consentidos a los que nunca se les ha dicho que no y están acostumbrados a salirse siempre con la suya, intentará seguir con su senda de destrucción de los estados sociales y aumento de la desigualdad. No aprendió nada en la anterior crisis ni va a aprender nada en esta, por eso considero un error darlo por muerto. El neoliberalismo no se morirá por sí solo, hay que matarlo. Y no será fácil de matar, pues no considera que sus planteamientos estén equivocados y las personas que implementan sus políticas son las mismas que han visto aumentados sus patrimonios personales en los últimos diez años. Sus políticas funcionan, para ellos, por eso mismo el neoliberalismo se resistirá hasta el final. Morirá matando. Esta es la razón por la que no pienso darlo por derrotado hasta que lo vea tieso, metido en una caja y a dos metros bajo tierra.
Luis Miguel González López (@LuismiGlezLopez) es economista y directivo de la Sociedad Cultural Gijonesa.
Fotografía de Álvaro Minguito.