El Ejecutivo formado por PSOE y Unidas Podemos inicia un periodo crucial en el ecuador de la legislatura. En los próximos meses, el Gobierno progresista se juega mantenerse como actor central de la política española con el objetivo principal de evitar que la tendencia electoral de la primavera pasada acabe consolidándose. Las encuestas previas al verano han mostrado a un Partido Popular que estaría en condiciones de ganar las elecciones ante la desaparición institucional de Ciudadanos.
Tanto PSOE como Unidas Podemos tienen la necesidad de relanzar la legislatura tras año y medio marcado por la situación pandémica. Enfrente, el PP intenta generar un marco de cambio de ciclo mientras realiza una oposición frontal al Gobierno con la presencia de Vox condicionando su estrategia política. La dirección nacional de los populares encabezada por Pablo Casado apuesta por seguir la línea que en las elecciones madrileñas llevó a los conservadores a reforzar sus resultados electorales con un discurso plagado de guiños populistas propios de la derecha radical que encarna Vox.
Esta estrategia de oposición está teniendo consecuencias directas en las propias instituciones. Así, los órganos constitucionales como el CGPJ se encuentran con un mandato caducado y sin vistas a renovarlo en el corto plazo. Esta situación sirve para evidenciar la carencia de entendimiento en cuestiones de Estado entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. La inexistencia de acuerdo también se manifiesta en lo referido a las políticas económicas, pese a que la llegada de los Fondos de Recuperación Europeos está llamada a marcar los próximos meses y a vertebrar la salida de la recesión económica. En este contexto, la tensión con la que se cerró el curso político hace unos meses volverá durante este mes de septiembre.
Existe también una judicialización de la política española que en otoño puede deparar un nuevo revés judicial para el Gobierno si, como se prevé, el Tribunal Constitucional anula el segundo estado de alarma que fue decretado por una duración de seis meses, hasta abril de 2021, y que incluía la delegación de competencias en favor de las Comunidades Autónomas. El TC ya declaró la inconstitucionalidad del Estado de alarma que proporcionó cobertura legal al confinamiento. Un TC que también tiene pendiente la renovación de un tercio de sus miembros.
Una Moncloa con más presencia del PSOE
Con el Ejecutivo remodelado en profundidad antes de la temporada estival tras el nombramiento de siete nuevos ministros socialistas, el nuevo Gobierno busca marcar una nueva fase política en el momento en el que la crisis sanitaria derivada de la pandemia empieza a estar superada con una campaña de vacunación que ha sido un éxito, mientras se espera que los Fondos de Recuperación de la Unión Europea acaben de consolidar la reactivación económica que ya se ha iniciado.
Los relevos en los ministerios se enmarcan dentro de un repliegue de Moncloa hacia el PSOE con el objetivo de revertir la tendencia y movilizar a la estructura organizativa —la cual también sufrirá modificaciones en el Congreso Federal que el partido celebrará en octubre— de cara a las elecciones generales de 2023. Los cambios diseñados por Sánchez muestran una voluntad de generar nuevos referentes nacionales y autonómicos del Partido Socialista, a la vez que se eliminan divergencias estratégicas entre el partido y la presidencia del Gobierno.
La nueva línea comunicativa de los socialistas —tras la salida de Iván Redondo y la llegada de Óscar López como nuevo jefe de Gabinete del presidente— ya se ha hecho notar. En las últimas semanas, los acontecimientos de Afganistán han marcado una agenda internacional que Sánchez acabó resolviendo positivamente al situar a España como protagonista de la evacuación de Kabul coordinando acciones con la Administración Biden. Ha sido en el incendio que asoló la provincia de Ávila donde se ha mostrado la imagen que va a proyectar Sánchez en los próximos meses. Calle y cercanía con los votantes como estrategia para reforzar la figura del presidente y reactivar al electorado socialista.
La izquierda alternativa busca ampliar su espacio político
La retirada de Pablo Iglesias de la primera línea política se completó con la elección de Ione Belarra como secretaria general de la Unidas Podemos—quien también ha sustituido a Iglesias en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030—. La peculiaridad del relevo es que la llamada a ser la líder del espacio electoral de la izquierda no es la propia Belarra, sino la actual vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
Díaz debe dar un paso adelante entre este otoño y la próxima primavera para que tenga lugar su designación como futura candidata de la coalición. Su objetivo debe pasar por renovar una marca electoral con claros síntomas de estancamiento y buscar la configuración de una coalición que amplíe el actual abanico de fuerzas que se integran en Unidas Podemos. Lo tendrá que hacer en torno a su figura, la cual goza en la actualidad de buena valoración —incluso por encima del actual presidente del Gobierno— y muestra capacidad para atraer a votantes socialistas.
Este movimiento también tiene sus limitaciones y dificultades. Además de la dependencia de los personalismos, la implantación orgánica y territorial de Podemos ha mostrado debilidades no resueltas, que se han visto agravadas por retrocesos electorales y disputas internas en las diferentes Comunidades Autónomas.
No solo la reestructuración de una organización mermada en los últimos años debe ser uno de los objetivos principales, también se hace indispensable la tarea de atraer a diferentes espacios y actores políticos que en su momento abandonaron Podemos, como Más Madrid o Adelante Andalucía, para que se sumen a un proyecto colectivo y amplio en el que Izquierda Unida y el propio PCE siguen jugando un papel fundamental. También será indispensable el diálogo y la capacidad de acuerdo con formaciones de ámbito no estatal que en su momento se integraron en las candidaturas unitarias para las elecciones generales, como es el caso de Compromís.
Las diferentes fracturas han tenido como consecuencia directa la merma de cuadros y referentes con los que contaba Podemos. En este sentido, la implicación de los espacios políticos citados deberá estar acompañada de la incorporación a la política nacional de liderazgos que se han ido consolidando durante este tiempo a nivel regional y municipal. Se da la circunstancia positiva de que la mayoría de ellos son femeninos y muestran su propio estilo.
Mención especial merece el caso de Más País/Más Madrid. La formación liderada por Iñigo Errejón y Mónica García se ha debatido entre mantenerse como una fuerza política de izquierdas con rasgos populistas o transformarse finalmente en un partido verde de carácter transversal. En ambos casos, la pretensión ha sido dirigirse a un electorado urbanita con formación académica alta. Ahora bien, la estructura orgánica ha quedado reducida en la práctica a la Comunidad de Madrid —en la que han sobrepasado al PSOE en las elecciones autonómicas de mayo de este mismo año—. La opción verde no estará acompañada del impulso esperado por el triunfo del ecologismo en Alemania —el Partido Verde alemán se ha desinflado en las encuestas y, aunque obtendrá su mejor resultado histórico, todos los sondeos les colocan ya como tercera fuerza del parlamento—, por lo que la opción a explorar puede pasar por un modelo confederal de alianzas con partidos regionales o candidaturas provinciales. En cualquier caso, dado el sistema electoral a nivel nacional que existe en España, difícilmente existe hueco para una tercera candidatura en el bloque de la izquierda que, además, podría tener consecuencias desastrosas en términos de aritmética parlamentaria. Por este motivo, el entendimiento entre las diversas formaciones a la izquierda del PSOE es, una vez más, indispensable para ser determinante en la política española.
La necesidad de una agenda política transformadora
Las fuerzas progresistas tienen que ser capaces de llevar a cabo cambios sustanciales que mejoren la vida de la gente y que configuren una agenda progresista que se lleve a la práctica de forma efectiva. Para ello deben afrontar a lo largo de los próximos meses cuestiones como, por ejemplo, el problema del alquiler de vivienda, que afecta a tantas familias y sobre todo a los jóvenes que viven en las grandes ciudades; o la factura de la luz y el gas, cuyos precios se han disparado. Este asunto se está convirtiendo en un problema para el Ejecutivo, ya que evidencia un abuso insostenible en términos económicos para el consumidor, así como un error estratégico en cuanto a la comunicación gubernamental, ya que se está trasladando a los votantes la evidencia de que existe limitación e incapacidad para abordar este asunto y hacer políticas diferentes a las actuales.
Otro tema a abordar por la izquierda es la precariedad laboral en la que tanto la temporalidad como los bajos salarios se configuran en España como un problema urgente a resolver para evitar que se vuelva crónico. En este sentido, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se presenta como una medida necesaria. También se hace necesario ofrecer un horizonte de servicios públicos centrados en los cuidados a los jubilados, así como transmitir seguridad respecto a la viabilidad de sus pensiones. De la misma forma, se tiene que seguir avanzando en igualdad y garantizando los derechos de las mujeres que se ven amenazados y puestos en entredicho por el auge de fuerzas reaccionarias. Otro tema central para el que no cabe ya más dilación es la situación de urgencia medioambiental, para la que se tiene que apostar por políticas que palien la situación.
En definitiva, la izquierda de nuestro país tiene que ahondar en la redistribución de la riqueza, en la igualdad de oportunidades y en la cohesión social para mostrar su capacidad transformadora que la diferencie, una vez más, en su forma de gobernar de las fuerzas conservadoras y ofrezca un horizonte de futuro en el que prime el bienestar de las clases populares.
Eduardo Bayón (@edubayon_) es consultor en comunicación política.
Fotografía de Álvaro Minguito.