Una de las primeras cosas que hizo Giorgia Meloni tras ser nombrada Presidenta de Italia fue pasearse por las instituciones europeas para mostrar que ella no es como el resto de líderes de extrema derecha, que ella respeta la Unión Europea, sus normas y sus valores. Solo consiguió engañar a los propios líderes de la Unión Europea. Incluso me atrevería a decir que a estos tampoco; otra cosa es que a ellos también les interese mostrar a la líder italiana como una más y así poder eliminar ese “cordón sanitario” a la extrema derecha del que siempre ha presumido la UE, que cada vez está más diluido. El resto sabíamos que Meloni no tardaría demasiado en mostrar lo que verdaderamente es, y que la migración sea su primera batalla tampoco nos ha sorprendido a muchas.
El Gobierno italiano, con su ministro de infraestructuras a la cabeza, un viejo conocido de las organizaciones humanitarias Matteo Salvini, ha promulgado un decreto por el cual solo podrán desembarcar en sus costas las personas más vulnerables y con problemas de salud. Esto ha tenido como consecuencia los hechos que hemos visto las semanas pasadas relativos a varios barcos de rescate en el mar que, recordemos, pertenecen a ONG. Varios barcos con centenares de personas a bordo han visto cómo se hacían desembarcos selectivos y se instaba a los capitanes a volver al mar con el resto, es decir, dejando a la deriva a estas personas y sin garantizar un puerto seguro en el que atracar. Nadie parecía estar haciendo mucho caso a esto, más allá de los activistas, organizaciones y grupos políticos de la izquierda y de la oposición italiana, hasta que finalmente decidieron no dejar entrar al Ocean Viking con 234 personas a bordo.
Al final, y no sin antes mostrar su desacuerdo, Macron decidió permitir el desembarco de las personas que se encontraban a bordo del barco en Francia, eso sí, siempre dejando claro que era una medida excepcional. Ahí empieza el pulso entre Roma y París, y ahí ganó la extrema derecha.
La ultraderecha francesa salió rápidamente a decir que su Presidente había claudicado y cedido ante la migración masiva. Macron afirmó que Italia pagaría por esto y que habría represalias. Nadie quería cumplir con el derecho internacional, nadie quería acoger a las 234 personas que llevaban días a la deriva en el mar.
La criminalización de las ONG que rescatan en el mar no es nueva –a veces incluso proviene de ciertos sectores de la izquierda– , son constantes lo bulos que las unen con el tráfico de personas y ya son varios los activistas que son llevados a los tribunales acusados de tráfico de personas por intentar ayudarles a llegar a un sitio seguro. Estas ONG hacen lo que ni los estados ni la Unión Europea hacen, que no es otra cosa que cumplir con el derecho marítimo, que estipula que cualquier barco debe auxiliar a cualquier persona que se encuentre en peligro. También es frecuente que les impidan salir a la mar imponiéndoles mil trabas burocráticas de forma que les tienen retenidos en los puertos.
Pero especialmente grave es la respuesta de la Comisión Europea ante esta situación. Tras la tensión protagonizada por dos de las grandes economías de la Unión como son Francia e Italia, la Comisaria de Interior, la sueca Ylva Johansson afirmó que había que tomar medidas concretas y tener un plan de acción para estos casos porque cuando se reguló el derecho del mar esto no sucedía. Nada de esto es cierto: el derecho lo que afirma es que se debe rescatar a cualquier persona. ¿De verdad necesitamos un plan para no dejar morir a nadie en el mar? ¿Cuál es ese plan? De momento esto solo legitima las posturas de Visegrado y de la nueva Presidenta del Consejo de Ministros. Este camino nos aleja de la democracia y los derechos, en este camino, como todos, nos lleva a Roma.
Una vez más vemos cómo la extrema derecha gana, y gana porque su discurso se presenta como normal, porque la postura de Italia parece razonable y no un incumplimiento del derecho internacional y de los derechos humanos. Es el enésimo ejemplo de cómo su política ha calado, de cómo se ha ampliado la ventana de Overton que determina qué es aceptable y qué conforma el sentido común de la sociedad.
No podemos permitirnos más muertes y más dolor en las fronteras de la UE ni en nuestro mar. Necesitamos respuestas contundentes, que no permitan que aquellos que quieren instalarnos en la barbarie racista se convierta en el sentido común de las ciudadanas y los ciudadanos de la Unión. Y se puede hacer. Tenemos propuesta, no somos ingenuos como algunos nos quieren caricaturizar.
Tener un cuerpo civil y público de rescate sería la primera de las ideas, así como obligar a aquellos Estados miembro a acoger y permitir el desembarco en sus puertos, a tramitar las solicitudes de asilo adecuadamente y acoger dignamente. Pero no debemos llegar ahí, debemos evitar que nadie se suba a una barca de goma o que sea un polizón, jugándose la vida para llegar a territorio europeo. Hay que garantizar vías legales y seguras, hay que impulsar programas de acogida dignos y, por supuesto, solidaridad europea, porque esto no es una cuestión de los países que somos frontera exterior, esto es una cuestión que nos apela a todos y a todas.
Debemos defender a quienes luchan por garantizar la vida, defender aquellas organizaciones y personas que dedican sus recursos y sus vidas para salvar otras. Esto no es solo un deber moral, o una posición ideológica que la izquierda debe defender con uñas y dientes, es un imperativo legal. Nos va la democracia en ello.
Irene García Durán (@IreneGarDur) es experta en Cooperación Internacional, migraciones y DD. HH., asesora política para la delegación de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo y responsable de redes de activistas de Izquierda Unida.
Fotografía de SOS Mediterranee.