Europa en términos energéticos se caracteriza por ser un gran consumidor de gas natural, por ello es dependiente de las importaciones, tanto por gasoducto como vía GNL. Rusia es uno de sus grandes proveedores. Esto no es nada que no llevemos leyendo desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. En 2021, la Unión Europea importó 155.000 millones de metros cúbicos (bcm) de gas natural de Rusia (140 bcm por gasoducto y 15 bcm de GNL). En el marco de su iniciativa REPowerEU, la Comisión Europea pretende aumentar las importaciones de GNL para sustituir 50 bcm de gas ruso a finales de este año.
La Unión Europea, a pesar de insistir en ser un mercado único de la energía, tiene una heterogeneidad sustancial en cuanto a sus capacidades e infraestructuras. Hay una parte continental, por supuesto, pero también hay Estados miembros que tienen especificidades insulares como Chipre, Malta e Irlanda. Recordemos que el sistema gasista se diseñó en base a relaciones estables con Rusia tras la caída de la Unión Soviética, dando prioridad al gas por tubo antes que al gas mediante GNL. En la actualidad esto se traduce en una escasa capacidad de regasificación en la Unión. De hecho, España tiene el 27% de la capacidad de regasificación total de la Unión Europea. Si incluimos a Reino Unido, sería el segundo país con más capacidad, solo un 22%. Francia tiene el 17%, Bélgica el 8% e Italia el 7%. En concreto, la capacidad de regasificación solo de nuestro país es de 1.910,40 gigavatios hora (GWh) diarios según datos de Gas Infrastructure Europe (GIE).
La guerra en Ucrania ha llevado a la UE a imponer una batería de sanciones contra Rusia con el objetivo de dañar su economía, bien con el fin de disuadir a Putin de que continúe su invasión a Ucrania o bien, directamente, como represalia a la misma. Y el talón de Aquiles de Rusia son las exportaciones de hidrocarburos, donde la UE es su principal cliente. Se produce entonces un miedo a las represalias rusas y una necesidad por avanzar frente a lo que Rusia pueda decidir sobre este tema. Por un lado, la UE quiere acabar con la dependencia rusa, pero a su manera, pues no quiere que se produzca de forma abrupta antes de tiempo de forma unilateral por parte de Rusia y que eso le pueda generar un problema de seguridad de suministro. Para ello, establece una hoja de ruta que se basa fundamentalmente en:
1. Producir su propio gas. Dado que los yacimientos de gas tradicional tienen una ubicación ajena a las voluntades políticas, la solución pasa por el desarrollo de gases renovables, especialmente el biometano y el H2, incluido y de forma prioritaria el de origen renovable, basado en un proceso de electrólisis alimentado por la energía renovable de plantas fotovoltaicas o eólicas. Esto resulta del todo insuficiente en cuanto a volumen de energía y plazos, ya que debe atraer inversiones, doparlas con Fondos Europeos, vestirlo con una nueva taxonomía que apueste por el sector gasista (algo que ya ha promovido la Comisión Europea de forma sorpresiva), y esperar los plazos de tramitación y ejecución de los desarrollos operativos de los proyectos.
2. Aumentar la diversificación de los proveedores europeos de gas natural. Aquí, como decíamos, hay unas limitaciones derivadas del modelo de desarrollo del sistema gasista. Al haberse priorizado la canalización por tubo (gasoducto), existe una limitación física de cuáles son los proveedores. Y la nueva apuesta por el GNL encuentra también algunas barreras. Por un lado, la inexistencia de estaciones de regasificación, que también ahora se anuncian nuevos (recuperados) desarrollos que también requerirán de dinero de la UE y de dilatados plazos, así como proveedores que tengan, por un lado, capacidad para aumentar su producción y, por otra, que no tengan comprometido el gas en contratos de largo plazo con terceros países, fundamentalmente de Asia, como sería el caso de Qatar.
3. Reducir el consumo. ¿Se está planteando un reducción bajo una visión decrecentista? No. Simplemente se han dado cuenta de que no hay GNL suficiente y el que hay disponible está comprometido en otros destinos. Incluso la propia Agencia Internacional de la Energía ha lanzado una serie de recomendaciones para reducir el consumo.
4. Aumentar los almacenamientos de gas para el invierno, primero hasta el 80% el 1 de noviembre de este año y, después, el 90% para los próximos cuatro años. Volvemos a lo mismo: ¿hay gas suficiente para llenar los almacenes este invierno? Puede que no. Nos encontramos por un lado con los límites de producción de los países productores y, por otro, los compromisos a largo plazo que ya tienen adquiridos con terceros. Romper estos contratos, aparte de tener enormes penalizaciones, te hace parecer poco serio, algo que en los negocios no es buena carta de presentación. Aumentar la producción no solo tiene mayores impactos ambientales, que a estas alturas ya hemos visto que a nadie con galones en Bruselas le importa, también requiere de más infraestructuras para licuar el gas y más barcos con los que transportar el GNL. No es, por tanto, una ecuación fácil de resolver. A lo que se debe sumar las dificultades intrínsecas de algunos países del centro y este de Europa que no tendrían acceso al GNL por no tener costas y que son reacios a estas medidas lanzadas por la UE sobre las reducciones drásticas del gas ruso, ya que es su única vía de aprovisionamiento.
Pero una cosa es la seguridad de suministro, que no es un tema menor, y otra es el precio de la materia prima. El GNL es más caro per se, por el simple hecho de tener que añadir en la cadena logística la licuefacción en origen, el transporte en barco y la regasificación de destino. Recordemos, además, que en el paquete europeo “Fit for 55” se pretende incluir las emisiones de CO2 del transporte marítimo en el mercado ETS de emisiones, que también contribuirá, cuando se apruebe, a encarecer el gas importado en metaneros. Pero es que, además, el gas por gasoducto tiene una naturaleza estable y una filosofía de tránsito continuo y, por tanto, se basa en contratos a largo plazo, el GNL. Y añadimos nuevas complicaciones, aunque también opera con contratos a largo plazo, tiene una mayor flexibilidad y es frecuente que los barcos salgan de puerto sin saber dónde va a atracar porque dependen de las negociaciones de los operadores y traders que negocian en un mercado global y donde la escasa oferta se topa con una cada vez mayor demanda que incrementa inevitablemente los precios.
Esto, efectivamente, tiene su impacto en los consumidores gasistas, que son tanto los consumidores finales de este hidrocarburo en ámbito domésticos, como comercios y empresas, como industrias gas intensivas y, en tercer lugar, las empresas eléctricas que usan el gas como combustible para sus centrales de generación eléctrica. Aquí volvemos de nuevo a las peculiaridades de los Estados miembros: Europa tiene un índice de gasificación relativamente elevado fruto de las bajas temperaturas en invierno y de la transición del carbón por el gas como combustible “menos” contaminante. Sin embargo, España es un país poco gasificado en comparación. Para que nos hagamos una idea, en el sector eléctrico, España cuenta con 29 millones de puntos de suministro, frente a los 8 millones que hay en gas. Es decir, un 27%. Por tanto, el problema de tener un gas caro podría ser un “problema menor” o al menos un “problema acotado”. El dilema viene de esa parte del gas que se destina a la generación eléctrica. En España estamos hablando de un 24% de toda la demanda de gas que tiene un impacto muy relevante porque el mercado mayorista de electricidad, al ser de tipo marginalista hace que el precio de la última tecnología en casar su energía sea con la que se retribuya al resto centrales, lo que significa que cuando las centrales de ciclo combinado que internalizan los altos costes del CO2 y del gas natural son las tecnologías marginales en la casación de la subasta del mercado mayorista, fijan el precio de todas las tecnologías que asume el consumidor eléctrico en su factura de la luz. Se puede decir que el gas contamina con su precio el coste de toda la energía eléctrica que pagan los consumidores.
Ante esta realidad hay quien dice: se interviene el precio del gas, que es el culpable, y se diseña un mecanismo para topar el precio al que los ciclos combinados pueden hacer sus ofertas en el mercado eléctrico, pero tiene trampa, pues los productores dicen que “tiene usted que pagarme la diferencia entre el precio que fije el mercado organizado del gas (MIBGAS) y su límite”. Y el Gobierno de turno dice: “sí claro, no se preocupe, que lo van a pagar los consumidores”. ¿Cómo? Sí, los consumidores. Algunos se revelan diciendo: “no oiga, no. Que lo paguen las eléctricas inframarginales, es decir, aquellas que reciben los beneficios caídos del cielo ocasionados por el sistema marginal de asignación de precios”. Pero es que resulta que hay más trampas, porque ese mercado organizado de gas no negocia todo el gas que se consume en España; se negocia tan solo un 30% de la demanda nacional. Es decir, tiene un peso de un tercio. Los dos tercios restantes no se negocian en ese mercado organizado, sino en lo que se conoce en inglés como OTC (over-the-counter), en contratos bilaterales opacos cuyo precio no se conoce. Sin embargo, ese 30% del gas negociado en MIBGAS es la referencia de precio en España. Pero claro, evidentemente hay operadores que adquieren el gas fuera de él con contratos directos con países productores como podrían ser, por ejemplo, Naturgy y Sonatrach (la gasista argelina) en contratos a largo plazo a través del gasoducto Medgaz con precios sustancialmente más bajos que el mercado spot de MIBGAS. Y, sin embargo, sus ofertas en los ciclos combinados (no olvidemos que Naturgy es el principal propietario de este tipo de centrales) se hacen con la referencia de ese precio de MIBGAS, que tal y como han anunciado España y Portugal se va a topar entre los 40 y 50€/MWh, y por la que exigirán la diferencia, obteniendo una doble renta.
Nos han metido en un juego de trileros. Podemos traer aquella frase que dice que “las ramas no dejan ver el bosque”. Efectivamente, el problema no está en topar los precios del gas, sino en modificar el diseño del mercado eléctrico para evitar esa contaminación del precio del gas y para evitar que se sigan produciendo los beneficios caídos del cielo. Algunos lo llevan denunciando desde hace años, pero, sin embargo, siempre se topaban con el muro discursivo de que ese diseño venía impuesto por la UE a través de sus directivas. Ahora bien, en un escenario extremo como el actual, ¿cuál es el problema para que ahora no se pueda modificar ese diseño de mercado y de asignación de precios? Pues el dogmatismo liberal y el poder de los lobbies. Para las empresas que se benefician de rentas extraordinarias es insólito pensar que dichas corporaciones están incómodas con los altos precios de la electricidad que retribuyen a todos a ese coste. Pero el problema no es que las empresas del sector y los oligarcas que las dirigen quieran aumentar su cuenta de beneficios a costa de la crisis energética y de precios que este año se alimentan del conflicto bélico. Es la lógica del mercado: que el accionista maximice sus beneficios tanto como sea posible y a costa de lo que sea necesario. Lo que no es lógico es que los poderes públicos contribuyan a este juego en claro perjuicio de la sociedad, sus ciudadanos y su tejido productivo.
Especialmente sangrante es el papel de ACER, la Agencia de Cooperación de los Reguladores de Energía de la UE, a la cual la Comisión Europea en octubre de 2021 solicitó un informe sobre el funcionamiento del mercado mayorista de electricidad y el análisis de alternativas. ACER tenía como plazo para presentar su informe en abril de 2022 y eso ha hecho, ha presentado un informe que parece más un pasquín político neoliberal que un documento técnico riguroso. ¿Ha hecho caso presentando alternativas tal y como se le pidió? No, simplemente ha validado de forma dogmática el modelo del mercado eléctrico y ha realizado propuestas de mejora en el medio-largo plazo como la aceleración en la integración de los mercados eléctricos europeos, la mejora en el funcionamiento de los mercados a plazo, incrementar la flexibilidad del sistema eléctrico, incluir mecanismos de capacidad para asegurar la disponibilidad de capacidad firme, protección a los consumidores frente a la volatilidad excesiva y aceleración en la tramitación y procedimientos administrativos para renovables. En conclusión, para los reguladores europeos el mercado funciona perfectamente y, en todo caso, es culpa del gas y cualquier intervención debe ser mínima, temporal, coordinada y armonizada en todo Europa.
¿Esto no les recuerda a algo? Recordemos: “¿Es una estafa? No. Es el mercado, amigo”.
Alex García es experto en energía y responsable de la Red de Energía de Izquierda Unida.
Fotografía de Álvaro Minguito.