El 29 de julio de 2022, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, presentó un balance de cumplimiento a 30 de junio de los compromisos adquiridos por el gobierno. En global, su grupo de expertos lo cifró en un 53,3%, al que añaden un 43,9% en proceso. En concreto, en lo relativo al pacto de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, Moncloa afirma un 54,9% de cumplimiento, un 41,8% en proceso, un 2,6% no iniciados y el resto “decaídos”.
En este artículo nos centramos en la situación de las 200 medidas de dicho acuerdo suscrito entre ambos espacios políticos. La metodología empleada desde 2020 es la de recabar toda la información relevante sobre cada medida en un Excel (contenido completo, noticias relacionadas, etc.) y actualizar una puntuación de 0 a 10 según el grado de realización. El sistema de calificación es cuantitativo pero fácilmente adaptable al de Moncloa. Los resultados están bastante lejos de los presumidos por Sánchez. Con este artículo actualizamos la evaluación publicada en esta misma revista el 16 de septiembre de 2021, también para el trabajo de rendición de cuentas de la Coordinadora Federal de Izquierda Unida.
La evaluación global comprende desde el 7 de enero de 2020 (investidura del presidente) hasta el 31 de agosto de 2022. El primer estudio comprendió hasta el 18 de diciembre de 2020 (al cumplirse un 25% de la legislatura). El resultado entonces era de un 19,65% de cumplimiento. El dato obtenido ahora es un cumplimiento del 28,05% del programa pactado cuando va transcurrido un 69,72% de la legislatura (en caso de que se complete). El crecimiento es de 5,03 puntos desde hace un año.
En esta tabla se presentan los resultados por áreas y su evolución desde agosto de 2021 (al comparar, hay que tener en cuenta también que se han corregido levemente los datos del año pasado):
En la tabla podemos observar que en el último año los mayores avances se han producido en Trabajo, Ciencia y Pensiones. A día de hoy, los mayores porcentajes de cumplimiento general se dan en Educación, Menores, Ciencia, Consumo, Pensiones y Universidad.
Otra evaluación conocida es la de Newtral (la empresa de Ana Pastor), que, tras seleccionar las 100 medidas más fácilmente mensurables, estima un 35% de cumplimiento, otro 50% “en progreso”, un 14% “pendientes” y un 1% incumplido. Tales números se acercan más a los de Moncloa que a los de la presente investigación (la fecha de consulta fue la misma que la actualización aquí: 31 de agosto).
La ley de Vivienda es un ejemplo paradigmático de las limitaciones legislativas del Gobierno, debido a lo esencial de este derecho, que afecta a muchos otros, debido también a la relevancia que UP concedió a este tema desde sus inicios y a su injustificable incumplimiento de lo firmado, pues los dos espacios políticos presentes en el Gobierno la acordaron en al menos cuatro ocasiones: en octubre de 2018 (para los Presupuestos 2019), en enero de 2020 (pacto de coalición), para los Presupuestos 2021 y de nuevo para los Presupuestos 2022. De cara a los Presupuestos 2023 vuelve a ser negociada la ejecución de esta legislación en lento trámite. Además de ser muy modesta y requerir determinadas condiciones, concede gran discrecionalidad a los gobiernos de cada territorio y plazos adicionales para la entrada en vigor de medidas. También es probablemente el campo donde mejor puede observarse la tendencia del Gobierno a aplicar parches temporales (las medidas del “escudo social” sobre vivienda obtienen prórrogas de varios meses), repletos de letra pequeña.
El PP aventaja al PSOE en decenas de escaños según las encuestas, al mismo tiempo que Vox aventaja a UP en las mismas. Descontado el permanente ánimo político de los medios que encargan estos sondeos, es obvia la desmovilización del electorado de los espacios políticos del Gobierno de coalición, hasta el punto de que Yolanda Díaz desarrolla un proceso de escucha para reactivar a sus bases y el PSOE lanza un esfuerzo similar, llamado El Gobierno de la gente, con al menos 30 actos de Pedro Sánchez recorriendo la geografía hasta fin de año, incluida la recepción de 50 ciudadanos en Moncloa para iniciar el curso o recibir preguntas de militantes en la calle.
Existen dos grandes líneas de interpretación sobre la situación de la izquierda institucional: por un lado, están los que, como La Base, ensalzan la labor transformadora desarrollada y, para explicar su reducido apoyo popular, ponen todo el foco en la manipulación de los medios. Una segunda visión se centra en el incumplimiento de lo firmado y la gravísima situación social (récord de pacientes en lista de espera de operaciones, récord de suicidios, récord de devaluación salarial en al menos cuatro décadas, récord de gasto militar, récord de beneficios del Ibex…) y considera que la pandemia y las “auto-sanciones de la UE” respecto a Rusia son motivos para hacer más que lo ya previsto en protección de la clase trabajadora, no justificaciones para hacer menos. Los medios tienen efectivamente un poder decisivo, pero la acción del Gobierno, tanto en RTVE como en la ley audiovisual o en el reparto de subvenciones, ha empeorado la ya intolerable situación mediática, sin pluralismo, al aumentar los privilegios del duopolio de A3Media y Mediaset y dar tanta capacidad de decisión al PP en los medios públicos.
El 5 de julio, la vicepresidenta Yolanda Díaz pidió reunión urgente de la comisión de seguimiento del pacto de coalición. Tras 67 días, ni siquiera hay fecha (ni insistencia para lograrla).
El incumplimiento de lo firmado, junto con su falta de denuncia y la ausencia de consecuencias, producen, no solo la desmovilización del electorado sino, además, profundas repercusiones para el sistema en sí, pues generan desafección de la ciudadanía que tendría que empoderarse, y habría pocas o ninguna demostración mayor de democracia que la aplicación concienzuda de las medidas votadas y de los derechos sociales y políticos que en teoría poseemos.
Noel Bandera López (@N_Band) es impulsor de @Accountable2019, jurista (UGR), politólogo (UGR), sociólogo (UNED), máster en Filosofía contemporánea (UGR) y en Comunicación, Cultura, Sociedad y Política (UNED) y doctorando FPU en calidad democrática (UV).
Fotografía de Álvaro Minguito.